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Las paradojas de la seguridad

Escrito por: Martín Espinosa / Excélsior.

Resulta paradójico que mientras más recursos se destinan al rubro de la seguridad pública los resultados son escasos, principalmente en aquellos sitios que han sido “tomados” por las mafias criminales para la realización de sus actividades ilícitas. Sin embargo, uno de los factores que han favorecido al fracaso en la materia tiene que ver con las corporaciones policiacas, tanto públicas como privadas, que en los últimos años han proliferado por todo el país, pero con la particularidad de que algunas de ellas “trabajan” de la mano del crimen organizado, como ya quedó demostrado en estados como Michoacán y Guerrero. Precisamente, el CIESAS en coordinación con la UAM Azcapotzalco acaba de publicar un estudio exhaustivo sobre “La Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, en el que advierte que “el crecimiento exponencial de las agencias de seguridad privada en México, así como el aumento en el número de los elementos policiacos a cargo de las autoridades oficiales, impone nuevos retos para el Estado.

En los últimos 25 años (de 1989 a 2014) de 210 empresas de seguridad privada que existían en el país se aumenta a tres mil 834, lo que significa que surgieron 125 nuevas empresas cada año. Hasta el año pasado existían 450 mil guardias de seguridad registrados legalmente contra los 367 mil 608 policías estatales y municipales reportados por el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bajo estas cifras hay que preguntarnos qué tan pública es la seguridad en México, cuya realidad lleva a establecer una serie de paradojas que nos hacen pensar en la seguridad pública como una “mezcla” compleja entre entidades públicas y privadas.

Es una realidad que mientras más corporaciones policiacas han surgido en la última década los índices de desconfianza ciudadana se han incrementado. El aumento en las inversiones en seguridad pública arrojan resultados inversamente proporcionales en materia de confianza de la población en la materia.

La Secretaría de Seguridad Pública ha aumentado en los últimos años su presupuesto en alrededor de 142% mientras la desconfianza ciudadana ha repuntado.

La investigación de referencia indica que a finales de los años ochenta, la certeza de que la seguridad pública era un asunto del Estado comenzó a “derrumbarse” en México. “Desde entonces la inversión privada empezó a ganar terreno en la producción de servicios de seguridad, tanto que el Inegi integró el rubro en los Censos Económicos de 1989 contando 210 empresas”.

Para las autoridades, regular a estas empresas es en extremo complicado y deficiente, principalmente, porque la planta de empleados estatales que se dedican al control de tales compañías es muy reducida y no se da abasto.

“Además, se suman actos de corrupción tanto de reguladores como de regulados, lo que se refleja con el amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso del gobierno. Se estima que en esas empresas trabajan unos 600 mil guardias en la informalidad”.

Menudo problema que no se soluciona con recursos millonarios sino con la voluntad de meter al orden a centenares de empresas pirata de seguridad  y, por supuesto, con la ley en la mano.

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