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Información bajo llave: Gobierno de AMLO reserva documentos de proyectos y casos clave
Si bien ha prometido que “todo sea transparente”, en sus dos primeros años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto ‘bajo llave’ información sobre sus proyectos clave y de casos que marcan hasta ahora su administración.
Entre ellos, declaró como reservados o confidenciales documentos sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos para la compra de vacunas, datos de muertes sobre COVID, por suministro de heparina sódica en un hospital de Pemex, Tlahuelilpan, el avión presidencial y el operativo contra Ovidio Guzmán, entre otros.
El 5 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “a lo mejor” presentaría una iniciativa de ley, para “quitar las reservas” de información que permite la ley de transparencia a las autoridades, en ciertos casos.
“No reservar nada, que todo sea transparente. A lo mejor algunas cuestiones en particular que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tienen que justificarse muy bien y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva”.
Mientras aún no se informa sobre dicha iniciativa, distintas dependencias de su gobierno han seguido recurriendo a dichas reservas, señalando que divulgar ciertos documentos puede afectar negociaciones, comprometer la seguridad nacional o afectar investigaciones en curso.
Las reservas de la Sedena
Aeropuerto de Santa Lucía
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió en 2019 reservar por 5 años información sobre la construcción a su cargo del aeropuerto de Santa Lucía, ante reiteradas solicitudes para conocer documentos como sus estudios de aeronavegabilidad, factibilidad económica, impacto social, estudios de conectividad y logística, su plan maestro, etc. El presidente López Obrador dijo al respecto en octubre de 2019 que su gobierno no tenía nada que ocultar, y que se haría transparente la información sobre esta obra cuando terminara el proceso legal de todos los amparos para frenar su construcción.
En septiembre de 2019, la Sedena se negó a entregar el acta de la asamblea consultiva en la que se hicieron acuerdos con la comunidad de Xaltocan, de la que fueron expropiadas hectáreas. Sin embargo, sí abrieron esta documentación otras dependencias involucradas, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Enfrentamiento en Nuevo Laredo
En octubre de 2020, el Ejército fijó un reserva de cinco años el expediente de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre el caso de un enfrentamiento entre militares y civiles el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el que presuntamente se dieron ejecuciones extrajudiciales. Un ciudadano había solicitado conocer, entre otros datos, el rango de los militares investigados por el caso, cuándo y cómo comenzó a investigar la Fiscalía de Justicia Militar, y a qué grupo criminal presuntamente pertenecían los civiles que murieron. Meses antes, en agosto, el secretario de la Defensa había revelado que 24 militares eran investigados por estos hechos.
Operativo contra Ovidio
En julio de 2020, el Comité de Transparencia de la Sedena confirmó la reserva por 5 años para la información contenida en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre el operativo contra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, luego de que en una solicitud le preguntaran quién dio la orden de liberarlo, por qué en un inicio el secretario de Seguridad Alfonso Durazo dijo que había sido decisión del gabinete de Seguridad y si tuvo responsabilidad en su liberación un coronel de caballería del Estado Mayor. En su respuesta, la Sedena consideró que divulgar esos datos afectaría la investigación en trámite sobre el caso.
Salud
Contratos sobre vacunas
Los acuerdos firmados entre el gobierno de México y Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino referentes a las vacunas contra COVID-19 están clasificados como información confidencial. Esto significa que no se puede hacer público ningún dato sobre ellos, incluyendo lo relativo a las negociaciones previas a que se firmaran los convenios. Así lo determinó recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Datos de muertes sobre Covid
Se encuentra en recurso de revisión la solicitud sobre los datos estadísticos contenidos en los certificados de defunción durante 2020, como edad, lugar de defunción, causa de muerte, etc., que todos los hospitales y unidades médicas deben hacer, de acuerdo con lineamientos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
La Secretaría de Salud argumentó que los datos se encuentran “clasificados por un periodo de un año” debido a que los registros deben pasar por un “proceso deliberativo”. Entregarlos, señaló, significa proporcionar “información incompleta, parcial y no validada”. El INAI deberá sesionar para determinar si los datos deben o no ser entregados, conforme a la Ley General de Transparencia.
SRE
Acuerdo sobre armas
En diciembre de 2019, la Cancillería reservó por cinco años los documentos sobre la negociación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas. La Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores señaló que en ese momento seguía en curso una negociación con autoridades estadounidenses, por lo que divulgar datos del “proyecto de acuerdo”, sin que ambos países estuvieran de acuerdo, podría “afectar las relaciones internacionales de México”.
Agentes de la DEA en México
En noviembre de 2019, la Cancillería respondió con una reserva de 5 años a una solicitud de información sobre cuántos agentes de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, se encontraban operando en México. SRE argumentó que no podía divulgar dicha información por el riesgo “al interés público y a la seguridad nacional”. De darse a conocer, mencionó, “se pondría en peligro a la representación diplomática estadounidense y a su personal diplomático acreditado en México”.
Pemex
Tlahuelilpan
En junio de 2019, Pemex reservó por cinco años la información sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, por una toma clandestina, que dejó como saldo 137 muertes en enero de 2019. Un ciudadano le solicitó a Petróleos Mexicanos todos los expedientes, bitácoras, fotos o videos que tuviera sobre la explosión en esa localidad de Hidalgo.
La petrolera le respondió que no le entregaría esos documentos porque contienen información relacionada con la estrategia contra el robo de hidrocarburos, y si grupos huachicoleros la conocen, podrían usarla para activar otras tácticas de ataque. “Proporcionar dicha información afectaría directamente la estrategia de combate de estos delitos”, señaló. Respondió del mismo modo cuando una persona pidió las coordenadas exactas de la explosión.
El caso de la heparina sódica
Uno de los temas en los que se ha mantenido total reserva de información es con lo relacionado a la muerte de al menos ocho personas oficialmente en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, por la contaminación de una sustancia médica usada en pacientes de hemodiálisis.
Animal Político solicitó a la paraestatal con el folio 1857200159920 los contratos y facturas referentes a la compra del lote de heparina sódica contaminada. Aunque debido a la pandemia de COVID-19 la solicitud no fue procesada hasta septiembre, la respuesta fue reservar la información por 5 años a partir del 29 de febrero, que fue cuando se registró el primer fallecimiento, con el argumento de que existe una carpeta de investigación al respecto. Se interpuso un recurso de revisión ante el INAI que fue admitido a finales de octubre, pero hasta la fecha no ha tenido resolución.
También se preguntó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el folio 1215100550320, qué reportes tuvo sobre el lote C18E881 correspondiente a la medicina contaminada, después de emitir el 12 de marzo una recomendación a hospitales, farmacias y puntos de venta para que si tenían existencias lo inmovilizaran y notificaran. Este organismo también reservó la información por 5 años, esta vez con el argumento de que el lote está vinculado a un proceso administrativo (ya no el penal) que todavía no concluye y se podrían alterar los hechos, realizar juicios erróneos sobre un producto y que la población que lo necesita deje de consumirlo.
Animal Político reiteró la solicitud cuatro meses después, en octubre, pero Cofepris la ignoró y no ha dado ninguna respuesta pese a que tenía el 30 de noviembre como plazo máximo, incumpliendo sus obligaciones de transparencia.
Etileno XXI
El 18 de septiembre de 2020, se solicitó a Pemex una versión pública electrónica del acta de la sesión 827 del Consejo de Administración, misma que se llevó a cabo el 29 de abril de 2011 y en la que, según varias notas informativas, se abordaron asuntos relacionados con el contrato de Pemex con Etileno XXI.
El 8 de octubre, el sujeto obligado comunicó que se había reservado en su totalidad dicho documento durante 5 años, con el argumento de que forma parte de una carpeta de investigación y que su divulgación podría entorpecer la aplicación de la justicia.
El ciudadano recurrió dicha respuesta argumentando que, conforme el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, no se puede invocar la reserva de información cuando esté relacionada con actos de corrupción. El 14 de octubre, el INAI admitió a trámite el recurso de revisión con el folio RRA 10756/2020, que fue turnado a la ponencia de Rosendoevgueni Monterrey.
El 2 de diciembre, el pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex con el argumento de que dicha institución no tiene la facultad de integrar carpetas de investigación -sino el Ministerio Público- y, por lo tanto, no está habilitada para invocar la reserva de información en aras de la persecución de delitos.
Plan contra el robo de combustible
En enero de 2019, un ciudadano pidió vía transparencia una “copia en versión electrónica del Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos”. El Comité de Transparencia de Pemex confirmó una reserva de 5 años para esos documentos, señalando que difundirlos pondría en riesgo la seguridad de la empresa y de quienes participan en la estrategia contra el huachicol.
Fonatur
Documentos del Tren Maya
El 25 de septiembre de 2020, el Comité de Transparencia de Fonatur confirmó en septiembre del año pasado una reserva de 5 años luego de que una persona solicitara “todos los estudios originales que realizó la empresa Steer Davies & Gleave México para el Fonatur respecto al Tren Maya”, que incluyen datos sobre el programa maestro de la obra, la preselección de su trazo, y estimación de oferta y demanda.
El organismo justificó la reserva señalando que su divulgación “vulneraría la correcta ejecución” de estudios técnicos detallados para el Tren Maya, análisis financieros y económicos, y procesos de ordenamiento territorial y ambiental. Los documentos que le solicitaron, insistió Fonatur, formaban parte de un proceso deliberativo en curso, sin una decisión definitiva, por lo que darlos a conocer podría impedir o inhibir negociaciones.
Banobras
Avión presidencial
En febrero de 2020, el Comité de Transparencia de Banobras confirmó la reserva por 5 años para el documento “Informe de Evaluación llamado a Licitación (ITB, por sus siglas en inglés) compra de Boeing 787-8 Dreamliner”.
Esto, luego de que una persona le preguntara vía transparencia sobre los “potenciales compradores” que manifestaron su interés en adquirir el avión presidencial, cuando el gobierno de México anunció que para lograr la venta buscaría apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos.
Para la reserva, Banobras argumentó que era un proceso en curso y que difundir los datos podría tener un impacto en el procedimiento de comercialización y enajenación, además de que existían datos personales protegidos bajo “secreto comercial”.
Función Pública
La salida de González-Blanco
El gobierno actual reservó información sobre la investigación en torno al escándalo que llevó a la primera renuncia en el gabinete, cuando la extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González-Blanco, pidió que se retrasara un vuelo comercial para esperarla. La funcionaria renunció, pero no hubo ninguna sanción por el ejercicio indebido de sus funciones.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió reservar incluso la información sobre si se inició una investigación o no contra ella y otros funcionarios públicos, tras una primera solicitud formulada en enero, y en julio reiteró la negativa porque todavía “se encuentran realizando las investigaciones correspondientes”, a más de un año de los hechos.
Oficina de la Presidencia
Mapa de Palacio
En el caso de la Oficina de la Presidencia, reservó por al menos 5 años y por razones de seguridad que se pueda conocer un croquis o mapa interno del edificio de Palacio Nacional, incluyendo el nombre de las habitaciones.
Evento del informe 2019
En 2019, la Oficina solicitó reservar por 5 años información relacionada con la organización y contrataciones para el evento del informe presidencial del 1 de julio de ese año, señalando que divulgar los anexos del contrato AD-SN-007-19, que incluye información sobre coordinación, logística, dispositivos y protocolos de seguridad, podría dar elementos para planificar y ejecutar algún tipo de ataque.
Actas del Consejo de Seguridad
La Oficina también reservó por 5 años las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, en 2019, solicitadas por un ciudadano; en ese caso refirió que difundirlas representaría un riesgo para las vidas de los integrantes de las fuerzas armadas y de instituciones de seguridad pública.
Y en el caso de la FGR
Odebrecht
La FGR insistió durante los últimos años en que la información del caso de presunta corrupción de Odebrecht en México fuera reservada, porque los datos se encuentran “bajo la protección de la reserva del debido proceso”. Esto, a pesar de que el INAI ha insistido en su apertura en al menos 6 ocasiones, las últimas ya dentro de la administración actual y a pesar de que el presidente insiste en que ya giró la instrucción para que este caso se transparente. Actualmente, la Fiscalía ya perdió de forma definitiva todos los amparos que promovió en contra de resoluciones del INAI, pero sigue sin entregar la carpeta de investigación del caso.
Caso Cienfuegos
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la versión pública del expediente completo del caso Salvador Cienfuegos, según dijo “en defensa del Estado de Derecho y la transparencia”. Sin embargo, el gran parte del documento fue testado, es decir, aparece subrayado con negro, lo que impide su lectura. Esto debido a “las salvedades que impone la ley”. Tan solo en la segunda parte del tomo uno, que consta de 42 páginas, nada es visible, excepto, fechas, el número de la carpeta de investigación, el asunto y número de oficio.
La FGR también clasificó como información reservada y confidencial los avances que durante el actual gobierno ha integrado a la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dicha investigación ya había sido desclasificada desde el 2015, por orden del INAI.
Con información de Nayeli Roldán, Itxaro Arteta y Zedryk Raziel