Reforma fiscal debe incluir combate a la informalidad, pide la IP

El sector privado expondrá al próximo titular de la Secretaría de Hacienda su planteamiento sobre la reforma fiscal que el gobierno pretende alcanzar este año, y en sus prioridades está el combate a la informalidad, además de hacer de lado la campaña para atemorizarlos con el SAT, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al firmar un acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“Nos parece que hacer del ente fiscal (SAT) un ente al que hay que temerle porque viene a tratar de revisar nuestros números, es una equivocación. Nosotros en este convenio, lo que estamos promoviendo es un continuo en donde el empresario siempre tenga los mejores elementos para cumplir con sus obligaciones, sea un empresario íntegro y esté siempre transparente en sus cifras”, dijo.

Salazar adelantó que propondrán a Rogelio Ramírez de la O, próximo encargado de la política fiscal del país, una serie de mejores formas para que se facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con la finalidad de que no tengan que cumplir con una enorme cantidad de regulaciones que hacen prácticamente imposible dar lograr que se lleve en orden sus responsabilidades fiscales.

“Ya nos hemos acercado con las autoridades para hablar de las posibilidades de mejora que tiene nuestra forma de pago de impuestos, ya lo hicimos con el secretario Arturo Herrera y su equipo, y lo haremos con el nuevo secretario de Hacienda (Remírez de la O) a partir de que él tome la responsabilidad”, expuso el líder empresarial.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que la reforma fiscal surja del diálogo entre sector público y privado, y se enfoque en elevar la recaudación y reducir la informalidad.

“Hay mucho qué hacer antes de pensar en más o mayores impuestos, sin duda, la convivencia de la austeridad bien ejecutada y de una mejor forma de ejercer el gasto se convertirán en una palanca para reactivar la economía y sacar adelante a millones de familias”, expuso en su publicación “La Señal de la Coparmex”.

El organismo afirmó que para ampliar la base de contribuyentes habrá que encontrar un mecanismo que sea sencillo y amigable para los microempresarios, con cálculos muy simples para que entren a la formalidad sin mayores costos y que se facilite la declaración de las contribuciones.

Miscelánea con beneficios

La reforma fiscal que el país necesita debe incluir el combate a la informalidad para ampliar la base de contribuyentes, además de la simplificación administrativa, considerar beneficios para incentivar la reactivación económica, señaló Diamantina Perales Flores, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), pero consideró que lo que habrá será una miscelánea fiscal en donde se beneficie a ciertos sectores y continúe la fiscalización sobre otros.

“Lo que se esperaría y se buscaría es que se amplíe la base de contribuyentes, como el IMCP lo hemos mencionado, eso garantizaría una mayor equidad en la tributación y en la cultura contributiva de nuestro país, ser más los que aportemos al beneficio de nuestro país y de esa forma, los esquemas de fiscalización y contribución tenderían a no ser tan coercitivos”, dijo.

Aun sin detalles sobre el tipo de simplificación que habrá, el gobierno federal adelantó algunos aspectos de lo que será su propuesta de reforma fiscal sin aumento de impuestos.

“Esperamos primero, no una reforma fiscal de gran calado como necesita nuestro país, no se esperan incrementos de impuestos, tampoco nuevos impuestos. Esta simplificación que requieren las micro, pequeñas y medianas empresas se ha anunciado que se tendrá, no conocemos el detalle si es administrativa o con algunos beneficios para incentivar la reactivación económica. Nosotros esperaríamos una miscelánea fiscal que incluyera aspectos que incentiven la reactivación económica”, expuso.

Agregó que se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores, aun cuando las facultades de comprobación existen y se han ido afinando por las autoridades en los últimos dos años.