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Policías, Ejército y Guerreros Unidos recibieron orden de matar a los 43 normalistas en Iguala: Milenio
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la Policía Federal, la de Guerrero, la de Iguala, el Ejército y el cártel Guerreros Unidos recibieron la orden de matar a los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Así lo revela este miércoles el diario Milenio, que tuvo acceso al testimonio actualizado del testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) conocido como Juan, quien fue miembro del grupo criminal. El rotativo señala que Juan, quien había declarado en febrero de 2020, realizó una nueva declaración en mayo de este año.
En el nuevo testimonio el testigo amplía lo dicho anteriormente y detalla que “las acciones de aquella noche se hicieron con ayuda de miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la municipal, las cuales respondían a las órdenes de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, a quien señala como el líder criminal que dio la indicación de ‘matarlos a todos’ para no dejar ningún cabo suelto, líder criminal que las autoridades jamás relacionaron con la desaparición de los estudiantes y quien fue ejecutado en 2018″, menciona el reportaje de Alejandro Domínguez.
Señala que durante el interrogatorio posterior a su declaración, Juan dijo que no tuvo conocimiento de que algún estudiante sobreviviera a la masacre y que todos murieron luego de ser detenidos en Iguala por las fuerzas del orden e integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Lo anterior, luego de enfrentamientos ocurridos con miembros del Cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Martínez, ya que éstos se mezclaron con los estudiantes.
El reporte agrega que tras los enfrentamientos, integrantes de Guerreros Unidos disolvieron, cremaron y esparcieron los restos de los estudiantes en diversos puntos, incluida la zona de Cocula.
Señala que el entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Pérez, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, el capitán José Martínez Crespo y “todos los comandantes y los ministerios públicos” de la Policía Ministerial Federal y del fuero común estaban en la nómina del grupo delincuencial.
A diferencia de su primera versión, donde dijo que el capitán Dorantes no se dejaba sobornar, en esta ocasión lo incluyó en la lista. Sin embargo, en esta ocasión evitó mencionar al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de quien había dicho que “recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos”, como lo reveló el diario Reforma en el mes de enero.
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En aquel entonces, García Harfuch era coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero. Cuando se dio a conocer el señalamiento del testigo protegido, el secretario publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que negó categóricamente las acusaciones.
Dijo: “Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy ‘testigo protegido’, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la FGR por la filtración de las declaraciones de Juan.
De acuerdo con el nuevo testimonio revelado por Milenio: “Una vez que los tuvieron muertos había algunos que se habían llevado los miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Estatal, de la Municipal (actuaron bajo el mando de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía Municipal, le reconocía la voz en indicaciones por radio) y les fueron entregados a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios. Los cuales, días después, en una reunión que tuvimos los hermanos Benítez Palacios y yo, supe que habían hecho agua a los estudiantes mediante el uso de ácido y químicos y que algunos otros fueron llevados a algunos crematorios”.
Mencionó que los cuerpos fueron ocultados entre el 26 y 27 de septiembre en varios lugares, como una casa en la colonia Granjeles -supuestamente utilizada por Nájera Salgado- y una a espaldas de la plaza Galerías de Iguala, presuntamente usada por los hermanos Benítez Palacios.
El testigo protegido reiteró su versión de que se utilizó un crematorio ubicado en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, aunque dijo desconocer cuántos cuerpos fueron llevados allí y si existieron otros hornos crematorios.
“Juan refiere que como el caso empezó a ponerse mediático en esas horas de la madrugada, no alcanzaron a calcinar o disolver todos los cuerpos y algunos restos fueron esparcidos en diferentes puntos de las zonas aledañas a Iguala, entre ellos un poblado que se llama Coacoyula, del cual dijo no tener el punto exacto, y una mina abandonada en el municipio de Taxco, de la que dijo desconocer su ubicación”, señala el reportaje.
Según esta declaración, el entonces fiscal, Iñaki Blanco, había planeado con el grupo criminal hacer fosas en un cerro conocido como Cerro Grande, en Pueblo Viejo “para que las familias o los padres se conformaran”. Sin embargo, como el asunto se tornó muy mediático la decisión fue regresar a los sitios donde habían esparcido los restos y llevarlos a la zona del basurero de Cocula.
En esta acción -de acuerdo con Juan- participó Wenceslao Elizalde, un comandante de la policía ministerial de Guerrero, que era amigo de los hermanos Benítez Palacios.
El testigo obtuvo la información mediante radio y mensajes de Blackberry que recibió esa noche en su teléfono, además de haber sostenido una reunión con quienes participaron en los hechos, el 30 de septiembre de 2014 en un salón de fiestas.
Aseguró que el capitán José Martínez Crespo le aseguró en octubre de 2014 que había colaborado en la detención y entrega de algunos estudiantes: “Lo único que me dijo fue que había apoyado a detener algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 batallón para interrogarlos, que posteriormente él se los había entregado a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios, no me dio más detalles y no se los pedí”.
Según la versión, la tarde del 26 de septiembre los halcones reportaron que habían pasado tres camiones con estudiantes por la carretera de Zumpango a Iguala, pero que detrás de ellos habían bajado de la carretera de Xochipala unas seis camionetas cerradas con gente armada con cuernos de chivo, presuntos miembros del Cártel de la Sierra.
A las 21 horas aproximadamente, los halcones reportaron disturbios en la central de autobuses Estrella Blanca, sin que se dieran instrucciones de atacar a los normalistas. Sin embargo, a las 22 horas las camionetas con gente armada ingresaron a la ciudad de Iguala y se suscitaron varios enfrentamientos. Se reportó que había patrullas involucradas y que la policía realizaba la detención de personas.
“En ese punto, el testigo Juan contó que había muchas bajas entre las personas de Onésimo Martínez, por lo que empezaron a correr, otros trataron de robarse vehículos. Ahí contó que Víctor Hugo Benítez Palacios, El Primo o El Pelón, mandó el reporte diciendo que las personas que se habían bajado de los vehículos corriendo se habían revuelto con los estudiantes que iban en los camiones. Y entonces empiezan a perseguirlos y atacarlos”, señala el reportaje.
Al frente de los operativos estaba Jesús Pérez Lagunas, alias ‘El Güero Mugres’. Durante la persecución balearon un autobús en el crucero Santa Teresa, donde iba un equipo de futbol, así como a un taxi. También se persiguió a las personas que iban en los autobuses “en un primer momento para interrogarlos”. En esa persecución participaron policías municipales, estatales, federales y miembros del Ejército.
El testigo mencionó que durante la noche se reportó la muerte de muchas de las personas detenidas, tanto por disparos de arma de fuego como por los golpes que les dieron durante el interrogatorio.
Señaló que en el ataque a los estudiantes participaron Nicolás Nájera Salgado y los hermanos Benítez Palacios (Oziel, Víctor Hugo, Orvelín, Salvador y Mateo). Juan Salgado Guzmán ordenó a Nájera atacar a los estudiantes que daban una conferencia de prensa sobre el Periférico de Iguala: “Juan Salgado le dijo a Nicolás Nájera que ahí es donde se estaban organizando los contras con los estudiantes y que fuera a partirles su madre”.
A partir de se momento fue cuando llegaron los reportes de que muchas personas habían fallecido y que “Jesús Pérez Lagunas les dio la indicación de matarlos a todos para no dejar ningún cabo suelto”. Mencionó que en total hubo 80 muertos esa noche.