Un reforma que está sacando rayos

Por: Enrique Quintana.

La reforma constitucional en materia de energía eléctrica, organismos reguladores y litio, ha tenido y tendrá una evolución muy tormentosa en México.

Esta propuesta de modificación de diversos artículos constitucionales fue enviada al Congreso por el presidente López Obrador el día 30 de septiembre. No fue sorpresa, AMLO había anticipado que en la segunda parte de su sexenio enviaría tres reformas a la Constitución: una que buscaría asegurar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtiera nuevamente en el principal proveedor de energía eléctrica en México; la segunda, que le daría a la Guardia Nacional un estatus de institución abiertamente militar dependiente de la Secretaría de la Defensa, y la tercera, que buscaría cambiar las instituciones electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducir el financiamiento de los partidos políticos y eliminar los diputados plurinominales.

La reforma sobre temas energéticos y litio que es la única que ya fue enviada, resultó mucho más radical de lo que algunos creían.

El antecedente de la propuesta fueron las iniciativas que se enviaron en el año 2020, orientadas a cambiar el orden del despacho eléctrico, para dar prioridad a la energía generada por la CFE. Con el modelo actual, se prioriza el despacho eléctrico de las centrales que operan con menores costos. Con las propuestas que se hicieron se le daba prioridad a CFE, con independencia del costo.

Tanto los partidos opositores como los empresarios que se sintieron afectados interpusieron amparos ante los tribunales. La mayor parte de ellos prosperaron y los jueces especializados en competencia económica establecieron que no se podría modificar el orden del despacho eléctrico, mientras estuviera vigente la normatividad establecida por la Constitución y otorgaron suspensiones que dejaron sin efecto los cambios propuestos por el gobierno.

Así que la decisión fue, de plano, proponer un cambio constitucional. La reforma propuesta no se refirió solamente al tema del despacho en la red eléctrica sino que fue mucho más allá al establecer que todos los contratos privados que se han convenido en México desde 1992 en materia eléctrica serían cancelados a partir de la entrada en vigencia de la reforma enviada.

La desproporción de esa iniciativa causó un inmediato rechazo en el sector privado y en buena parte de las fuerzas políticas del país. Sin embargo, como excepción, el PRI no la criticó de manera inmediata, lo que generó dudas sobre la posibilidad de que ese partido, o al menos algunos priistas, pudieran respaldarla. Sin embargo, al paso de las semanas los indicios señalan que no solo no ha encontrado apoyo en la mayoría de los priistas, sino que incluso algunos de los que se esperaba su aprobación, como algunos legisladores del Partido Verde, han expresado sus dudas de hacerlo. Adicionalmente, en Estados Unidos legisladores y empresarios expresaron ya en varias ocasiones su preocupación respecto a las implicaciones de la reforma, considerando que con ella se estaría violando el tratado comercial con ese país (TMEC) al establecer un trato desigual a las empresas estadounidenses, impidiendo la existencia de un ambiente de competencia económica como la propia Constitución y el texto del TMEC establecen, y señalaron que de aprobarse esta enmienda seguramente habría litigios.

El 3 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó al secretario de Hacienda, en una reunión privada en Palacio Nacional (y luego lo hizo en público), la muy seria preocupación del gobierno norteamericano por esta iniciativa. En este ambiente, se realizó una negociación entre coordinadores parlamentarios de las dos cámaras y se acordó que la fecha de una eventual aprobación final de esta reforma sería hasta mediados de abril del próximo año. Ante tal hecho, los grupos más radicales de Morena cuestionaron y criticaron a los legisladores de su partido que fijaron ese calendario.

Presionados por sus propios partidarios, los legisladores morenistas, en particular el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la primera instancia encargada de dictaminar la iniciativa, tuvo que señalar que la idea era conseguir que en este mismo año se pudiera discutir y aprobar en la Cámara de Diputados la reforma, y que la fecha del 15 de abril simplemente se había puesto como un límite extremo.

La realidad es que los propios diputados y senadores de Morena han entendido que en este momento no tienen los votos necesarios para sacar adelante esta reforma constitucional y que sería un acto suicida ponerla a discusión y, eventualmente, votarla sin antes haber logrado un acuerdo con el PRI y el Partido Verde.

Como parte de esa negociación con el resto de los grupos parlamentarios fue que hubo el compromiso de que no habría un procedimiento fast track para tratar de sacarla adelante de inmediato.

Morena y el gobierno confían aún en la posibilidad de negociar con el PRI y de disciplinar al Partido Verde para que vote con Morena, y de esta manera, obtener los votos que requieren para la aprobación de la reforma constitucional. Simplemente por las presiones de sus bases, es probable que los trabajos para dictaminar esta iniciativa sí comiencen en este año.

Los legisladores de Morena requieren que sus militantes perciban que ellos están impulsando seriamente la reforma. De hecho, han invitado expresamente a los opositores a la reforma y especialmente a los empresarios a que acudan a las diversas instancias del Congreso que habrán de establecerse para expresar sus puntos de vista y debatir con los legisladores de Morena.

Pero, salvo que exista una completa sorpresa en el ámbito político, se ve altamente probable que no sea votada ni en este año ni en un periodo extraordinario en enero, que fue otra posibilidad que algunos legisladores señalaron.

Tendremos una situación de tensión política porque seguramente el presidente López Obrador presionará con más fuerza, para que esta reforma sea dictaminada favorablemente y esta circunstancia seguramente se prolongará hasta los primeros meses de 2022.

Los legisladores de Morena saben que si no la sacan adelante probablemente algunos de ellos vean dificultades en sus carreras políticas al generar el enojo del presidente López Obrador, pues el tema se encuentra en la más alta prioridad de sus intereses.