Los riesgos crecientes del periodismo – Simón Vargas Aguilar

Se viven momentos complicados, el crimen y la violencia se han apoderado de casi todas las áreas de la vida cotidiana, y el periodismo no podía ser la excepción; desafortunadamente, el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, el año pasado México fue la nación que reportó más periodistas asesinados, sólo por debajo de Ucrania, país en guerra; además Artículo 19, organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión, ha contabilizado 161 muertes de 2000 a la fecha, y sólo en lo que va del sexenio actual se tiene registro de 41 homicidios.

Las cifras han alcanzado niveles significativos y alarmantes, incluso de acuerdo con la Edición 2023 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, la cual evalúa las condiciones en que se ejerce el periodismo en 180 países, se menciona que la situación es muy grave en 31, difícil, en 42 y problemática, en 55, mientras es buena o bastante buena en 52. Es decir, el estatus para el periodismo es adverso en siete de cada 10 países y satisfactorias sólo en tres de cada 10.

En dicha clasificación, México se encuentra en la posición 128 de 180, cedió otro puesto este año y registra el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo, 28 en 20 años. El tema es serio, ya que, además de atacar la dignidad humana, se socava la democracia, la libertad de expresión y valores importantes, como la responsabilidad, la honestidad y el compromiso con una sociedad informada.

Esta área de conocimiento no es ni más ni menos importante que otras; sin embargo, hay que reconocer que con el paso de los años el periodismo y la libertad de prensa se han constituido como cimientos de nuestra democracia, es cierto que hoy, mediante la tecnología y la globalización, la información se esparce de forma rápida y tristemente las fake news y la desinformación han hecho que la veracidad se ponga en tela de juicio de forma constante y el odio gane terreno.

Es gracias a los profesionales de este rubro que en múltiples ­ocasiones han evidenciado y hecho patentes casos de corrupción, tráfico de influencias, negligencias y actividades del crimen organizado, entre otras, lo que sin duda los pone como blanco del resentimiento de aquellos a quienes se denuncia.

Pese a la importancia que tienen los periodistas en la sociedad, en el país enfrentamos una situación complicada y dolorosa, porque los crímenes contra ellos se han incrementado, e incluso los delincuentes se han vuelto mucho más cínicos; es así que, a finales del año pasado a escasos metros de su domicilio, el reconocido periodista Ciro Gómez Leyva sufrió una agresión armada; le salvó la vida la camioneta blindada en la que circulaba, ya que el ataque fue directo y buscaba su muerte. Tras investigaciones, se mencionó que los responsables conocían su ruta y lo habían seguido durante varios días.

El año pasado murieron 17 periodistas, y en lo que va de 2023 se contabilizan siete, entre ellos Luis Martín Sánchez Íñiguez, compañero corresponsal de La Jornada en Nayarit; Gerardo Torres Rentería y Nelson Matus, de Guerrero; Abisaí Pérez Romero, de Hidalgo; Ramiro Araujo Ochoa, de Baja California; Carlos Acosta, de la CDMX, y Marco Aurelio Ramírez Hernández, de Puebla.

Es innegable el discurso de polarización que ha permeado en la administración federal actual, lo que a su vez podría impulsar el odio hacia los comunicadores en diversos medios; como mencionó Amnistía Internacional: la tolerancia de los gobiernos frente a opiniones desfavorables y voces críticas es, con frecuencia, un buen indicador de su respeto por los derechos humanos en general.

Pero no toda la responsabilidad debe recaer en la posible tendencia a la división. El tema requiere un análisis profundo, no sólo se tienen que abordar los asesinatos, secuestros y amenazas, sino preguntarse ¿cuál es la razón para silenciar la verdad? Porque de forma lamentable en los últimos años el número de profesionales del gremio que han fallecido ha aumentado.

La situación es apremiante. Se deben implementar acciones y políticas públicas que permitan brindarles una mayor protección para enfrentarnos en conjunto a la desinformación y la inseguridad.