Corrupción sin freno – Raymundo Riva Palacio

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el combate a la corrupción ha traído grandes beneficios para el país. Por ejemplo, el buen rendimiento de la economía –lo que es una falacia–, y que todo lo que ha hecho es gracias a los ahorros que se hicieron cortando las alas de los manolarga –lo que también es mentira–. El combate a la corrupción es una de las grandes mentiras de su administración, pero su teflón es impresionante, porque pese a que la mitad de los mexicanos dice que va muy mal la lucha contra esa epidemia, según la última encuesta de aprobación de EL FINANCIERO, sale impune porque no lo vinculan con su gestión, o le perdonan la robadera en su gobierno.

Regodearse con humo de que ha sido muy eficiente la erradicación de los corruptos fue un distractor lanzado ayer, o al menos eso pareció para neutralizar las críticas sobre un camarada de su hijo Gonzalo, Alberto Becerra, que saltó de ser maestro en una escuela con 31 alumnos y director e instructor de una escuela de salsa y bachata, a ser miembro de la Ayudantía presidencial y dirigir ahora el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, uno de los varios organismos orwellianos creados en el actual gobierno que han resultado un fracaso.

El nombramiento de Becerra, debió anticipar el equipo presidencial, iba a generar comentarios negativos. Fue peor. El Universal y la revista Expansión contaron a 20 exintegrantes de la Ayudantía presidencial que pasaron de cargar maletas, ordenar comida y abrirle paso a López Obrador, a puestos de alto nivel con salarios superiores a los 100 mil pesos netos al mes.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad enumeró los cinco amigos de Gonzalo que lograron el triple salto mortal hacia el cielo como Becerra, y recordó los cercanos de otro hijo del Presidente, Andrés, que los ha colocado donde hay negocio, o donde se manejan los dineros del erario. Y esto, sin contar con la parentela en la nómina del gobierno, lo que podría incurrir en una violación de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

Eso del combate a la corrupción ha sido una charada. La cancelación del aeropuerto en Texcoco es la síntesis de ello. El alegato de López Obrador fue que lo hacía por la corrupción que se había dado con la especulación de bienes raíces, pero hasta ahora nadie ha sido acusado. En cambio, ha habido revelaciones documentadas de corrupción en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Tras el escudo de limpiar la corrupción de arriba para abajo se consolidó la compra de medicamentos, pero de una manera tan ineficiente que el gobierno terminó comprando a quienes les había quitado el monopolio de la distribución de medicinas, sin haber podido resolver el problema del abasto, como tampoco lo pudo hacer con la distribución de combustible al iniciar el sexenio, que cubrieron con la mentira de la guerra contra el huachicol.

La corrupción, de acuerdo con empresarios y personas que tienen tratos con el gobierno, está como nunca antes, en términos de porcentajes que piden por entregar licitaciones o hacerlas a modo. No todos reclaman, pero hay algunos que sí. Ayer se dio uno de esos casos, al impugnar una de las empresas que se presentaron al concurso para la entrega de un contrato del Seguro Social para anestesias por más de 5 mil millones de pesos, a CBH+Especialistas en Innovación Médica, que participaron conjuntamente con DMN Distribuidora Médica Dinnus. La queja de la empresa es que cuando menos cuatro de las siete empresas que participaron en el concurso estaban ligadas entre sí, y resalta que quienes ganaron la licitación presentaron los mismos documentos técnicos dentro de sus propuestas.

Lo que se dio con esta licitación, según ha trascendido de la impugnación, es que las empresas estaban coludidas al presentar la licitación, como sucedió con CBH e Innovación Médica y Casa Plarre. La primera tiene como socia principal a Samantha Bárcena, exesposa de Adrián Cervantes, el gran ganador del concurso, que también compitió con Casa Plarre, que es parte del Grupo Bossman, del cual es propietario, y que entre sus empresas tiene a Aplicaciones Médicas –de la cual su exesposa también era socia–, que actualmente se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por prácticas monopólicas. La impugnación arroja también sospechas de que se entregó documentación alterada, incluidos catálogos de equipo médico para cumplir con los requerimientos del equipo.

La queja es una oportunidad para que el Seguro Social revise cómo se dio la licitación, y si determina que hubo irregularidades, que la reponga. Hay otros casos donde no hay reversa y el daño está hecho, como los nombramientos de personas incompetentes en cargos de alta responsabilidad donde se manejan recursos públicos. Hay quienes aseguran que este tipo de designaciones son actos de corrupción, pero la sugerencia no puede probarse a priori.

Lo que sí está estudiado y documentado en organismos internacionales es que las compras están consideradas como las actividades gubernamentales más vulnerables a corrupción, cuando el volumen de las transacciones y los intereses particulares están en juego, y la complejidad de los procesos exacerban los riesgos de corrupción. Son varios los tipos de actos de corrupción que explotan esas vulnerabilidades, se ha probado, como la malversación de fondos, los sobornos, fraudes en la evaluación de las licitaciones, contratos y obligaciones. El caso paradigmático de este gobierno, hasta ahora, es Segalmex, que dirigió un amigo íntimo del Presidente, Ignacio Ovalle, a quien López Obrador ha deslindado y exonerado de cualquier delito.

Entre más inexperta es la persona responsable del manejo administrativo o carece de herramientas legales o técnicas, más expuesta está a caer en prácticas de corrupción, peculado o malversación de fondos, incluso por desconocimiento de la materia. Al ser piezas manejadas discrecionalmente como parte de una cofradía de poder, son susceptibles a recibir instrucciones de sus padrinos y promotores, un modus operandi de este sexenio, que, como lo indica la palabra, es finito.