La gran estafa – Raymundo Riva Palacio

La renuncia de Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación y cabeza de la investigación del caso Ayotzinapa echó tierra a una de las estafas políticas más grandes que se recuerden contra el país, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene como propaganda electoral, pero sin ahondar en la causa procesal, alimentando el fraude que nace de la mentira de que resolvería el crimen cometido en 2014 y encontraría vivos a los jóvenes estudiantes. López Obrador se deshizo de Encinas, pero el engaño continúa.

El prolegómeno del encubrimiento tuvo su último capítulo a finales de septiembre, cuando un intrépido Encinas dio un golpe para apoyar la tesis que la desaparición de los normalistas había sido un crimen de Estado. Fue la presentación del segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, donde reiteró que la verdad histórica esgrimida por del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para “legitimar una falsa verdad de los hechos y estrategias de comunicación que buscaban el cierre de las investigaciones para dar un carpetazo”, había sido fraguada en Los Pinos.

No era la primera vez que Encinas se refería a ello. La primera vez, varios meses antes de la presentación del segundo informe, afirmó que la verdad histórica se había construido en las “Juntas de Autoridades” realizadas el 7 y 8 de octubre de 2014 en Iguala, y en septiembre ubicó esa reunión, con diferentes protagonistas, en Los Pinos. Encinas señaló que el nombre de “Juntas de Autoridades” se lo dio por escrito Tomás Zerón, que investigó el crimen en el sexenio pasado, aunque en realidad el autor fue el general Martín Cordero Luqueño, a la sazón jefe de la 9ª Región Militar, y mencionó que uno de los asistentes a las reuniones en Iguala había sido el entonces comisionado de la Gendarmería –hoy Guardia Nacional–, Omar García Harfuch.

López Obrador confirmó, días después de que Encinas presentó el segundo informe sobre Ayotzinapa, que García Harfuch había participado en las reuniones donde se fraguó la verdad histórica, y aunque lo deslindó de la desaparición de los normalistas, lo convirtió en un tácito cómplice de diversos delitos. El señalamiento al precandidato al gobierno de la Ciudad de México fue fundamentado por Encinas a partir de las reuniones en Iguala el 7 y 8 de octubre de 2014. Sin embargo, las minutas con las cuales inculpó a militares y funcionarios de los tres niveles de gobierno no dicen lo que afirmó revelaban. Describen lo que en su momento aseguró Omar García Harfuch, a quien vinculó con el crimen: fueron para establecer las líneas de acción a seguir.

Las minutas, obtenidas por este espacio, lo corroboran.

En la primera, del 7 de octubre, firmada por el general Cordero Luqueño, se registró que el entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, realizó una narrativa de los hechos donde acreditó la participación de la Policía Municipal de Iguala y la presencia de civiles vinculados al crimen organizado. Blanco detalló a los municipales que detuvo la noche de la desaparición y días posteriores, e informó sobre los antecedentes del presidente municipal José Luis Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como su relación familiar con integrantes del crimen organizado, como “posible” génesis del conflicto. Zerón, que también estaba en esa reunión, pidió que se procediera a establecer una mesa de trabajo entre las procuradurías para definir los objetivos a buscar, establecer líneas de acción, definir responsabilidades para cada una de las áreas participantes y establecer una mesa de inteligencia para dar seguimiento a los implicados.

En ningún momento en esa minuta de dos hojas se habla de construir la verdad histórica, como aseguró Encinas.

Lo mismo pasó en la siguiente minuta del día 8, de tres hojas, firmada por el general Cordero Luqueño, donde quedó registrado que Zerón informó que ya se había asegurado la cuenta bancaria de Abarca y que ya existía un seguimiento de los desaparecidos por medio de las redes sociales, incluidas sus fotografías y posibles perfiles. Zerón le preguntó a Blanco si habían declarado 14 normalistas que “tienen toda la película completa”, a lo que le respondió que hasta el momento sólo había declarado un padre de familia, que dijo que su hijo no fue con sus compañeros porque estaba enfermo.

Zerón pidió también, de acuerdo con la minuta, que declararan todos los miembros del C-4, el sistema de videocámaras que manejaba la Policía Estatal, toda vez que varias imágenes de la detención de los normalistas ya estaban siendo manejadas por medios de comunicación. Blanco dijo que ya lo habían solicitado a la Policía Estatal, pero sólo les habían dado una parte. Zerón solicito el video completo “para evitar especulaciones” y que se resguardaran las fosas con cuerpos que había ido investigando la procuraduría estatal a partir de las declaraciones de los detenidos.

En esa reunión, Eugenio Aguirre, sobrino del gobernador Ángel Heladio Aguirre y su principal operador político, dijo que el estado había ofrecido apoyo a los familiares de los normalistas, que según Zerón no todos estaban conformes con lo que se estaba haciendo, y ante preguntas expresas, Blanco respondió que ya se tenía una primera relación de Los Bélicos, que era el grupo de élite –eufemismo de trabajo sucio– de la policía de Iguala, a quienes también había detenido la noche del 26 de septiembre, y estaban completando la segunda. Cordero Luqueño informó que una parte de los policías detenidos por Blanco ya había sido trasladada a Tlaxcala.

¿Dónde quedó la construcción de la verdad histórica que ha servido para justificar el argumento de crimen de Estado? En un montaje de Encinas, que mintió sobre el contenido de las minutas del 7 y 8 de octubre que nunca quiso dar a conocer, como tampoco hizo público el contenido de las reuniones en Los Pinos. Encinas nos ha mentido a todos y contribuido a enredar el camino a la verdad de lo que sucedió con los normalistas. Pero no lo hizo solo. Llegó hasta donde llegó porque se lo permitió el Presidente.