En sendas comisiones permanentes, diputados aprobaron por unanimidad dictámenes referentes a medidas contra la Tortura y declarar el 2018 como año de la Constitución Política de Yucatán.
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública se aprobó por unanimidad modificar el Código Penal, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Víctimas y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para armonizarlas con la Ley general en la materia para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Se actualiza el contenido de la Ley de Víctimas estatal para hacer referencia al derecho de éstas a contar con medidas de protección eficaces e instrumentación de programas para atender esta problemática, tales como ayuda, asistencia y atención”, declaró la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI).
Rivas Rodríguez, informó que con las reformas se especifica que la Comisión Ejecutiva Estatal de atención a víctimas tendrá además a su cargo, las atribuciones previstas en la ley general y se crea el registro estatal del delito de tortura en franca relación con el Registro Estatal de Atención a Víctimas.
Agregó que se realza el carácter inmediato de las intervenciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, tratándose de quejas relacionadas con violaciones a la integridad personal, porque para hacer frente a los nuevos escenarios sociales en materia de tortura, se debe incorporar lo referente a los derechos humanos con la debida atención por varias disciplinas.
En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes avalaron el decreto para declarar al “2018, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán”, al igual que continuaron con el análisis de las modificaciones a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Daniel Granja Peniche (PRI), subrayó que la conmemoración de los 100 años de la carta magna local no se puede pasar por alto, porque el Poder Legislativo se ha distinguido por imprimir modernidad al marco normativo, apegados siempre a la observancia de la constitucionalidad de sus actos.
Por lo que, continuó, como diputados están obligados a conmemorar este hecho histórico que enmarcó la concepción legislativa de una ley suprema local, cuyos principios y máximas han sido el pilar de los ideales republicanos que nos guían hasta la fecha.
“Estamos obligados a fomentar nuestro legado legislativo, difundiendo lo importante que fue la carta magna local de 1918 que halló una clara visión de Estado de Derecho; bajo tal premisa, la evolución del trabajo legislativo al amparo de nuestra Constitución ha hecho posible que el Congreso del Estado, continúe el perfeccionamiento de instrumentos legales para procurar la convivencia, el orden y un Yucatán de instituciones”, enfatizó.