Violador de derechos humanos; así califica la CODHEY al ayuntamiento de Umán

El documento ya fue entregado, por la CODHEY, a los presuntos agraviados y también en palacio municipal. En él se le solicita al alcalde Freddy Ruz que presente, en un término de quince días naturales contados a partir de la recepción del requerimiento, un informe escrito relacionado con los hechos en el cual deberá fundamentar legalmente los motivos de la detención. Dicho informe deberá ser acompañado por el informe policial homologado relacionado con los hechos; copia certificada de la carta de lectura de derechos que, se supone, se les realizó a los detenidos; los certificados médicos de lesiones y toxicológicos levantados con motivo de las valoraciones médicas realizados a los tres periodistas al ponerlos a disposición de la cárcel pública de la Dirección Municipal de Policía de Umán; el registro de las pertenencias que les fueron ocupadas a los comunicadores en razón de su detención, así como el registro de que estas les fueron devueltas al recuperar su libertad; el oficio a través del cual los agraviados fueron puestos a disposición del ministerio público o aquel mediante el cual obtuvieron su libertad; una copia de las vídeo grabaciones, relacionadas con los hechos, captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en la recepción de la oficina presidencial y en sus cercanías y, por último, los nombres de todos y cada uno de los elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública de Umán, incluidos el del comandante Pedro Dzul y el oficial Rodrigo Uicab, así como también el del secretario particular del alcalde Freddy Ruz, Juan E. López Caamal y de la secretaria de este, Paola Sarabia.

Es importante señalar que las comparecencias de los involucrados; Pedro Dzul, Rodrigo Uicab, Juan López y Paola Sarabia, ante la CODHEY son diferentes a las que, en su debido momento, tendrán que realizar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), ya que la privación ilegal de la libertad en contra de los reporteros, por motivo de ejercer su trabajo cómo comunicadores, son cargos federales y, por tanto, ese es un proceso legal aparte. Pero, además, Freddy Ruz Guzmán debe ser congruente con sus palabras, recordemos que en enero del 2017 el alcalde publicó en su muro de Facebook que lamentaba que gente incitara a la violencia con la intención de dañar la convivencia y la paz social en Umán. En ese mismo comunicado exigió al gobernador del estado que generara las condiciones de certeza y seguridad para los habitantes de Umán. Igualmente, Freddy Ruz, pidió que se investigue el origen y la autoría de esas reprobables acciones y que se les castigue con todo el peso de la Ley.  ¿Y en este caso dónde el ayuntamiento usó la fuerza pública para violentar los derechos de tres periodistas Freddy calla? ¿Entonces, según Ruz Guzmán, esos no son actos violentos con la intención de dañar la convivencia y la paz social? Hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de compadre. El alcalde panista y sus incondicionales tienen mucho que explicarle a las autoridades y a los jueces pues los procesos legales ya iniciaron y serán tan largos y costosos para sus bolsillos cómo ellos lo deseen.