Según datos oficiales, todos y cada uno de los días de 2020 y 2021 hubo en promedio 897 fallecimientos ‘en exceso’, es decir, por arriba de los de años anteriores. Son 37 personas cada hora a lo largo de dos años.
Esto implica que desde que comenzó la pandemia en México, el exceso de mortalidad llegó a 655 mil 62 personas, según los datos de la Secretaría de Salud actualizados al 3 de enero.
Es probable que de no haber pandemia, o incluso, de haberse adoptado otras políticas en materia de salud, muchas de esas personas estarían vivas.
Aunque las cifras oficiales de muertos por COVID rebasan ‘apenas’ los 300 mil, la realidad reconocida oficialmente en estos datos nos indica un impacto de más del doble.
Debe subrayarse que no sólo se trata de muertos por COVID, sino también fallecidos por otras enfermedades que no tuvieron la atención apropiada o suficientemente oportuna en virtud de la saturación de los hospitales o de la falta de medicamentos.
Este exceso de mortalidad se calculó observando el número de fallecidos reales (de acuerdo con certificados de defunción) y restándolo del promedio registrado entre 2015 y 2019.
La crisis que se ha observado recientemente en lugares como el hospital de La Raza del IMSS, refleja que multitud de padecimientos no ha tenido la atención requerida.
La razón es que o no se han asignado los suficientes recursos, o bien la necesidad de hacerle frente al COVID impidió que las personas que necesitaban otro tipo de servicios hospitalarios pudieran ser atendidos.
El impacto que esta crisis tendrá sobre la población, la sociedad y la economía en México aún está por verse.
Se trata del mayor caso de fallecimientos ‘en exceso’, prácticamente desde la Revolución Mexicana, cuando se calcula que hubo un millón de muertos en una década.
Son miles y miles de familias las que han tenido que guardar luto y en muchos casos, además, se han visto afectadas seriamente en sus economías, sea por que tuvieron que desembolsar grandes cantidades de recursos para atender a quienes enfermaron o bien porque perdieron a los proveedores de ingresos.
Paradójicamente, cuando se pregunta a la gente respecto a las políticas aplicadas por esta administración, la de salud y en particular la relativa a la vacunación es la que resulta mejor calificada. En la más reciente encuesta de El Financiero, 76 por ciento de los entrevistados señaló que en esta materia el gobierno lo está haciendo bien o muy bien.
El 56 por ciento de la población total del país ya tiene el esquema completo de vacunación y otro 7 por ciento también ha recibido al menos una dosis.
El haber sido vacunado se ha convertido en un factor de tranquilidad para una parte muy importante de la población.
A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa, en México el movimiento antivacunas es muy limitado.
La gran mayoría de la población está dispuesta a vacunarse y quien no lo ha hecho, ha sido sobre todo por no tener la posibilidad.
El exceso de mortalidad había venido bajando en los últimos meses, incluso a pesar del alza reciente de los contagios.
Hoy el riesgo es que el tsunami de nuevos contagios propicie un alza en la demanda de servicios hospitalarios que vuelva a limitar la atención a otros padecimientos.
En ese caso, aunque el ómicron no produjera directamente más fallecimientos, podríamos tener un incremento de aquellos que mueren por no contar con la atención adecuada en otras enfermedades.
En materia económica, es temprano para pensar en que la pandemia deje de ser un factor relevante, ya que nuevamente está creando cuellos de botella en diferentes actividades, que van a resentir una baja en las primeras semanas del año.
En suma, los terribles efectos de la pandemia, directos e indirectos, siguen aquí.
