Por: Raymundo Riva Palacio
Las elecciones en seis estados terminarán dentro de los parámetros que señalaron de manera consistente las casas encuestadoras: cuatro victorias para Morena y dos para la alianza PAN-PRI-PRD. Nada realmente sorprendente, salvo, una vez más, la notoria mano del narco y la forma como fue actuando en el proceso. La magnitud de su participación no podrá ser analizada hasta que se conozcan los resultados municipales, pero en dos estados, Tamaulipas y Oaxaca, el crimen organizado actuó de manera abierta horas antes de que cerraran las casillas. Los resultados en esas dos entidades medirán su peso y trascendencia en función de cómo se acomoden los grupos con los nuevos gobiernos.
La forma como intervino el crimen organizado en esas entidades fue completamente diferente. En Tamaulipas, la elección más complicada de todas –incluso hasta antes de que el INE diera a conocer el conteo rápido, la alianza sostenía que estaba muy reñida–, el accionar de grupos vinculados al Cártel de Sinaloa se dio el sábado, pero bajó su intensidad el domingo. Por lo contrario, en Oaxaca se incendiaron varios municipios en el sur del estado por conflictos internos entre los grupos delincuenciales. En Tamaulipas las acciones estaban encaminadas a minar la alianza; en Oaxaca, a repartirse la victoria morena.
Los reportes de violencia comenzaron temprano. Representantes de Morena denunciaron la quema de boletas en varios municipios de la costa y de la sierra sur, que la prensa ubicó dentro de quejas por falta de apoyos tras la destrucción de Agatha. Sin embargo, de acuerdo con reportes de inteligencia, en el fondo de esos conflictos se encuentra una lucha interna entre grupos delincuenciales. Videos de esa zona a los que se tuvo acceso muestran a grupos armados aterrorizando a las comunidades y desestabilizando el proceso.
De acuerdo con la información de inteligencia recabada, desde el sábado chocaron los grupos delincuenciales en varios municipios del istmo de Tehuantepec, principalmente Ixtepec, Juchitán, Salina Cruz y Tehuantepec, al igual que en Miahuatlán, en la sierra sur, donde por la tarde algunas comunidades mixes también enfrentaron violencia. Los informes atribuyen como detonante de los enfrentamientos a Antonino Morales Toledo, exalcalde de San Blas, Atempa, dentro del municipio Tehuantepec, y que estaba fungiendo como el articulador de diferentes sectores del narcotráfico a favor de la campaña de Salomón Jara, el candidato de Morena que se perfilaba para ungirse como gobernador una vez que se realice el cómputo oficial esta semana.
Morales Toledo ha sido operador financiero de Jara durante, cuando menos, seis años, de acuerdo con antecedentes publicados por la prensa oaxaqueña, y el año pasado le bloquearon sus cuentas, al igual que a otros ediles del istmo de Tehuantepec, como parte de la Operación Agave Azul, encabezada por la DEA, para romper las redes financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización ha estado tratando de ganar terreno en el istmo y en la costa sur del estado, controlada por el Cártel de Sinaloa y sus filiales regionales.
Los dos grandes cárteles mexicanos llevan meses luchando en esa región, que adquirió un valor estratégico con la construcción del canal interoceánico, que correrá de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, que se convertirá en un paso muy lucrativo de drogas, principalmente al recortar el tráfico de fentanilo y precursores químicos para las metanfetaminas de la costa del Pacífico a la costa este de Norteamérica. El Cártel de Sinaloa había contenido al CJNG en el norte, obligándolo a correrse hacia la sierra y hacia el sur de Juchitán, que también controlan los sinaloenses. La idea que algunos dirigentes morenistas manejaban, de acuerdo con los reportes de inteligencia, de que podrían convivir las dos organizaciones criminales y repartirse las rutas de influencia y tráfico de drogas, chocó este fin de semana con la realidad. Operadores de Morena, dijeron fuentes de alto nivel, estaban tratando durante el domingo de restablecer la estabilidad en la región.
La participación del narcotráfico en Oaxaca fue abierta, disputándose cotos de poder a sabiendas de que la victoria electoral sería para Jara. En Tamaulipas no se registró un problema entre el crimen organizado, sino fue de confrontación con el gobierno el sábado. Observadores con amplia experiencia en procesos electorales dijeron que la intervención del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca había sido la mayor en las últimas elecciones para gobernador, pero el antídoto lo encontró en la Columna Armada Pedro J. Méndez, que nació como un grupo de autodefensa y evolucionó, como otros en distintas partes del país, en una organización criminal.
La Columna se vinculó con el Cártel del Golfo que, a su vez, estableció una alianza con la facción del Cártel de Sinaloa que controlan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, para enfrentar a sus rivales, vinculados a Los Zetas y a quienes han establecido nexos con el CJNG. Inicialmente su líder, Octavio Leal Moncada, respaldó a García Cabeza de Vaca, pero en los tres últimos años se fue alejando, mientras se acercaba al gobierno federal de la mano del exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, muy cercano a su exjefa en Bucareli y actual senadora, Olga Sánchez Cordero. Leal Moncada se sumó recientemente a la campaña del candidato de Morena, Américo Villarreal.
La jornada en Tamaulipas arrancó en paz, luego de que, la víspera, los aliados al Cártel de Sinaloa amedrentaron a funcionarios panistas de casilla. Pero el domingo, al acercarse la hora del cierre de casillas, hubo violencia en los enclaves fronterizos de los cárteles, algunos de ellos incluso enfrentados. En Reynosa hubo reportes de privación de la libertad de un encuestador, luego de que lo golpearan, y robo de urnas por parte de comandos armados. Y en Matamoros, de amenazas directas contra casillas específicas, que suspendieron la votación, y camionetas repletas de hombres se apostaron amenazantes en varias secciones.
Como lo vimos en Sinaloa el año pasado, el narcotráfico se ha vuelto una variable en los procesos electorales en México. No debe ser visto como una novedad, sino como una desgracia.
