El caso Lozoya estaba diseñado para ser la gran muestra de la corrupción del régimen de Enrique Peña Nieto. Hoy se ha convertido en la gran muestra de la corrupción en el régimen de Andrés Manuel López Obrador.
Se esperaba que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, fuera el testigo protegido estrella del gobierno actual que revelara la trama de sobornos a políticos priistas y panistas. Lo que en realidad ha revelado el caso Lozoya ha sido el apetito del gobierno obradorista por mentir y ha profundizado el escándalo en la gestión del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Hoy sabemos, por testimonio de su entonces abogado Javier Coello, que a Lozoya lo detuvieron y extraditaron hasta que su papá -el ex secretario de Estado salinista, Emilio Lozoya Thalmann- y el fiscal Gertz acordaron que declararía que había dado millones en mordidas a un listado de personas que al gobierno le convenía desprestigiar para mantener aislados de la política y sobre todo para alimentar la narrativa del presidente AMLO. Y eso lo haría a cambio de un trato privilegiado para él y su familia.
Lozoya llegó a México y dijo lo que el gobierno quería que dijera. El montaje fue tan burdo que en la denuncia era claramente identificable el cambio de tipo de letra al citarse los nombres que el gobierno había pedido agregar. Lozoya cumplió y el gobierno también: le otorgó la prisión domiciliaria. Tan a gusto se sentía el exdirector general de Pemex con su arreglo, que cometió el error político de restregar a la sociedad su pacto de impunidad: una foto cenando pato laqueado en el cotizado restaurante Hunan lo puso de regreso tras las rejas.
Han pasado dos años desde su extradición y el caso se ha caído pedazo por pedazo. Del listado de personajes de alto nivel no hay a la vista ninguna prueba. De las 18 horas de videos que -filtraron- habría con altos funcionarios recibiendo maletas de efectivo, no se vieron más que unos minutos de un par de operadores panistas de medio pelo. Ayer entrevisté en W Radio a Coello, ex abogado de Lozoya, y lo dejó claro: el exdirector de Pemex sabía que lo que iba a declarar eran mentiras, sabía que no tenía pruebas, pero el gobierno lo estaba extorsionando. Incluso hizo pública una carta en la que Lozoya, cariñosamente, da cuenta de esa presión gubernamental.
En cambio, de lo que sí se están acumulando pruebas es de la actuación del fiscal Gertz Manero: las grabaciones telefónicas lo exhiben envuelto en un rosario de irregularidades y delitos. Su gran ventaja es que el presidente lo respalda, al costo que sea. Ese costo es chapotear en el pantano y luego sonreír para las cámaras.
De aquella bandera anticorrupción que enarboló con gallardía López Obrador, hoy queda un trapo roído y despedazado por Pío, Martinazo, la casa gris, Bartlett, Esquer… y un largo etcétera que llega al apellido Gertz.
