La cruzada de la administración de Donald Trump en los tribunales judiciales continúa: por un lado, una corte de apelaciones mantuvo el bloqueo al decreto firmado por el presidente, que pretende terminar con el derecho de ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes irregulares y extranjeros sin residencia permanente; no obstante un juez se negó a detener las medidas del magnate para despedir a miles de trabajadores federales.
La corte de apelaciones del noveno circuito, con sede en San Francisco, rechazó la petición de solicitud de Trump de pausar la orden de un juez de primera instancia que ponía freno al decreto que firmó, cuando asumió el cargo hace un mes, para restringir el otorgamiento de la ciudadanía.
Es la primera vez que un tribunal de apelación aborda la solicitud del magnate, cuyo destino ahora puede decidirse en última instancia en la Suprema Corte
A su vez, el juez de distrito Christopher R. Cooper, a quien designó el ex presidente Barack Obama, falló ayer en contra del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro y otras cuatro organizaciones laborales, que solicitaron una suspensión temporal de los despidos masivos, y se negó a emitir una orden de restricción temporal que detenga las medidas de Trump para cesar a quienes tengan contrato a prueba
o que sean no esenciales
.
Por otro lado, otro impartidor de justicia federal se negó a bloquear, por el momento, la orden abrupta del magnate para la suspensión del financiamiento del mayor programa privado de reasentamiento de refugiados en ese país, lo que representa un revés para la Conferencia Episcopal que organiza esa misión.
El enfrentamiento con distintos jueces ha bloqueado los intentos del Ejecutivo para congelar billones de dólares en subvenciones y préstamos federales; detener miles de millones de dólares en asistencia extranjera, así como para desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
En ese sentido, expertos legales aseguraron al periódico The Wa-shington Post que las maniobras agresivas de la administración republicana se han acercado a la línea roja de violar abiertamente órdenes judiciales y desafiar a los togados federales, algo insólito en ese país.
Adelgazar al gobierno
Los esfuerzos liderados por el principal asesor de Trump, Elon Musk, y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), de reducir el número de empleados en la administración pública persisten.
Un directivo del Servicio de Impuestos Internos estadunidense comunicó ayer a su personal que hasta 6 mil empleados serán despedidos, informó una persona familiarizada con el asunto, en una medida que eliminaría a 6 por ciento de la fuerza laboral de la agencia durante la temporada crítica de presentación de declaraciones fiscales.
En este contexto, casi 100 personas han perdido su trabajo en la agencia federal que se dedica a prevenir muertes por sobredosis y suicidios, de acuerdo con un funcionario de Salud y Servicios Humanos, que habló con la agencia Ap bajo condición de anonimato.
A su vez, el Post también informó que la Casa Blanca y los funcionarios del Departamento del Tesoro convinieron prohibir al DOGE acceder a datos personales de los contribuyentes, confirmaron dos empleados familiarizados con el acuerdo, en aras de evitar una crisis de vulneración a la privacidad de los ciudadanos, lo cual ya se estaba gestando en la agencia tributaria.
El medio de investigación The Intercept señaló que si los contratos y las políticas gubernamentales de Musk se vieran amenazados demanera creíble, sus recientes ganancias en papel se reducirían o desaparecerían y se insuflaría vida al Partido Demócrata. Para lograrlo, los miembros del Congreso deberían adoptar “una postura pública firme contra cualquier contrato gubernamental que se otorgue a las empresas de Musk. Asimismo, los senadores estadunidenses podrían utilizar bloquear la mayoría de las leyes que permiten el financiamiento a las empresas del magnate.
Nuevas órdenes de la Casa Blanca
Trump reiteró ayer su plan de incluir varias estatuas de afroestadunidenses que hicieron historia en el Jardín Nacional de Héroes Estadunidenses, iniciativa que propuso al final de su primer mandato presidencial, pero que la administración Biden rechazó, en momentos en que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump ha firmado 73 órdenes ejecutivas en su primer mes como presidente.
En tanto, el republicano anunció que eliminará las protecciones para medio millón de haitianos que estaban exentos de ser deportados, lo cual significa que perderían sus permisos de trabajo y serán elegibles para ser expulsados en agosto. En tanto, Venezuela informó que Estados Unidos deportó a Caracas a un grupo de migrantes que estaba detenido injustamente
en la base estadunidense en Guantánamo, Cuba.
