La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este miércoles al Congreso de la Unión la iniciativa presidencial de reforma constitucional al Poder Judicial con la que se busca aplazar la elección judicial prevista para 2027 y trasladarla al año 2028.
La funcionaria federal acudió a las instalaciones del Senado de la República para entregar personalmente la propuesta al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, así como a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez.
En la reunión privada también participó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien en días recientes adelantó algunos puntos de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Entre los principales cambios planteados se encuentra la reducción del número de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales para facilitar el proceso de votación y permitir que la ciudadanía pueda elegir de manera más sencilla a jueces y magistrados.
La iniciativa también contempla simplificar el diseño de las boletas para la elección judicial, especialmente en las entidades donde aún falta renovar parte del Poder Judicial. Cabe recordar que durante el proceso electoral de 2025 se renovó a la mitad de los integrantes del Poder Judicial en el país.
El eje central de la reforma consiste en mover la elección judicial programada para 2027 y realizarla hasta 2028, con el argumento de evitar una sobrecarga operativa tanto para las autoridades electorales como para la ciudadanía, ya que en 2027 también se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados federal.
“Como siempre es un gusto recibir en el Senado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez”, publicó Ignacio Mier Velazco en sus redes sociales tras el encuentro.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Asimismo, se prevé solicitar un periodo extraordinario de sesiones para que el proyecto pueda ser votado tanto en San Lázaro como en el Senado antes de que concluya mayo, a fin de que las modificaciones entren en vigor en tiempo y forma.
