La Suprema Corte falló en contra de una iniciativa antimigrante central del gobierno de Donald Trump que buscaba anular el derecho a la ciudadania por nacimiento, un revés severo que ahora acompaña una creciente presión entre sus propias filas y realidades económicas para revertir o modificar otras medidas de su ofensiva contra migrantes.
El fallo de la Suprema Corte, por 6 a 3, rechazó la orden ejecutiva de Trump que emitió en su primer día de su presidencia, para anular el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Más aún, el fallo, escrito por el juez en jefe del máximo tribunal, John Roberts, rechaza explícitamente el argumento del ejecutivo al subrayar que los niños que nacen en Estados Unidos son “niños nacidos en Estados Unidos de padres ilegalmente y temporalmente ‘son sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos al nacer bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Catorce Enmienda”.
De inmediato, Trump reprobó la decisión afirmando que el fallo “es muy malo para nuestro país” y dijo que lograría su objetivo a través de legislación en el Congreso. Pero según expertos eso no será fácil y tal vez imposible ya que el fallo afirma que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional. Por lo tanto, para modificarlo se necesitaría impulsar una enmienda a la Constitución, lo cual requiere no sólo del voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, sino también la aprobación de las legislaturas estatales de tres cuartos (38) de los 50 estados. Sin embargo, varios de los aliados de Trump en el Congreso afirmaron que buscarán una manera legislativa para poner fin al “turismo de nacimiento” de inmigrantes indocumentados.
Organizaciones y defensores de inmigrantes festejaron el fallo, declarando que protege un derecho consagrado en la Constitución que fue refrendado como tal por la misma Suprema Corte desde hace 128 años. El diputado federal mexicano-estadunidense Jesús Chuy García declaró que la corte “dictaminó que un presidente no puede eliminar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva”, y denunció que “toda esta farsa fue un intento cruel y racista de Trump y [Stephen] Miller de dejar apátridas a millones de niños nacidos en Estados Unidos… La ciudadanía por nacimiento es fundamental para quienes somos como nación”.
La Suprema Corte otorgó un triunfo a la política antimigrante de Trump la semana pasada al aprobar de su medida ejecutiva de poner fin a las protecciones humanitarias temporales (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350 mil haitianos y sirios que implica que de inmediato esos inmigrantes que hasta ahora eran “legales”, de repente son “indocumentados” y sujetos a la deportación. Algunos expertos califican esa iniciativa como la anulación de documentación de inmigrantes más grande en la historia del país.
Aunque no hay duda de que las más de 700 restricciones y medidas antimigrantes del gobierno de Trump están transformando el sistema de inmigración estadunidense, no necesariamente está funcionando esa política en la práctica..
Ante presiones dentro de sus propias filas que necesitan mano de obra inmigrante, el gobierno de Trump indicó que está modificando dos iniciativas antimigrantes al permitir que trabajadores inmigrantes temporales trabajen tiempo completo en granjas lecheras y permitir que algunos inmigrantes haitianos que contaban con el TPS soliciten su legalización.
Sin ruido, ni un boletín de prensa, el gobierno de Trump anunció el viernes pasado que permitió que lecherías contraten mano de obra migrante de manera permanente, a pesar de que el programa de trabajadores huésped H-2A fue diseñado para trabajadores agrarios temporales que ingresaban al país sólo por unos meses cada año para las cosechas.
Agrupaciones poderosas de cabildeo de granjeros de productos lácteos han insistido en que requieren de trabajadores inmigrantes capacitados que puedan permanecer todo el año para cuidar las vacas. “Claro que vemos esto como un muy buen paso y también … un reconocimiento de este gobierno de que el sector lechero no tiene acceso a un programa viable de trabajadores huésped”, declaró Trey Forsyth, un cabildero de la Federación Nacional de Productores de Leche, al Washington Post.
De hecho, varios legisladores republicanos antimigrantes han sido derrotados en elecciones primarias -incluyendo cinco en el estado conservador de Idaho- por preocupaciones de granjeros sobre sus fuerzas laborales, reportó el Post.
Por otro lado, aunque el arquitecto de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, Stephen Miller, festejó el fallo de la Suprema Corte la semana pasada para retirar el TPS de haitianos y sirios, afirmando que “si ya no tienes estatus [legal] en este país, debes ser deportado”, no todos de su partido están de acuerdo. El gobernador republicano de Ohio Mike DeWine declaró ese mismo día que “la política para deportar a estos individuos es un error”. En particular, él y otros políticos donde hay comunidades haitianas, señalaron que remover a estos inmigrantes dañaría, entre otros sectores, a los hospitales y servicios de salud en esas regiones.
El secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin comentó a CNN el pasado domingo que algunos haitianos que viven en este país podrían solicitar la residencia permanente. Por ahora no hay detalles concretos sobre si este ofrecimiento es real o no, pero sí indica que aun no hay un consenso interno del gobierno sobre el asunto, y sobre todo cómo manejar la disidencia de las filas republicanos sobre esta y otras medidas antimigrantes.
Por cierto, todo esto se presenta mientras que el gobierno de Trump ha anunciado que buscará vender 7 de los 11 almacenes masivos que adquirió para convertirlos en centros de detención de inmigrantes ya que no serían necesarios, y, a la vez, también se anunció la clausura del centro de detención apodado Alcatraz de los Caimanes en Florida.
No se espera que Trump contemple abandonar su política antimigrante, parte clave de su agenda política y que usó como mensaje central de su campaña electoral, pero sí se están modificando como resultado de protestas de sus propias bases, las realidades económicas que incluyen la pérdida de decenas de miles de empleos provocados por estas políticas, y una creciente oposición a las redadas y detenciones masivas en varias partes del país.
De hecho, según un nuevo informe de Brookings Institution, las redadas y deportación de inmigrantes indocumentados también ha provocado la pérdida de empleo de hasta 300 mil ciudadanos estadunidenses.
