“Lo que buscamos es que haya justicia”, afirmó ayer el canciller Roberto Velasco Álvarez al presentar un informe sobre las gestiones del gobierno mexicano ante la muerte de 17 connacionales en operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que va del segundo gobierno de Donald Trump.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Velasco explicó que de las 20 denuncias presentadas en julio pasado, ocho se interpusieron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. El gobierno mexicano ha brindado apoyos por 24 mil 788 dólares, principalmente para la repatriación de restos.
En respuesta a una de las denuncias, la fiscalía de Florida confirmó que coincide con la información que el ICE ya había dado al gobierno mexicano respecto al fallecimiento de un connacional, que atribuyó la muerte a un suicidio, por lo que no abrirá una indagatoria adicional.
En contraste, las fiscalías de los condados de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, notificaron que iniciarán la valoración de posibles acciones legales por otras muertes. Respecto a las 16 denuncias restantes, la Cancillería está a la espera de una respuesta. Velasco recordó que también se presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia, remitida por la Fiscalía General de la República y transmitida por la embajada mexicana.
Agregó que el embajador Roberto Lazzeri Montaño y la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, han planteado las preocupaciones del gobierno ante el Departamento de Seguridad Nacional y ante ICE.
El canciller señaló que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió a una carta de la Cancillería en la que expresó preocupación, trasladó el caso al Consejo de Derechos Humanos y llamó a Estados Unidos a investigar con prontitud.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, ante el número de casos, el gobierno decidió que la Cancillería presentara otras denuncias de manera directa.
“Si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno de ICE o de los privados que tienen a su cargo el centro de detención, que se proceda”, dijo.
