La aspirante a candidata independiente al gobierno del estado de Yucatán, Sofía Castro Romero afirmó que la aplicación electrónica del INE es discriminatoria pues le impide a muchos yucatecos poder dar su apoyo ciudadano por el simple hecho de no saber firmar. “Cuando los ciudadanos quieren poner su huella digital en la aplicación electrónica esta no se los permite, lo que materialmente les impide ejercer su derecho ciudadano y los discrimina.”
En el marco de una conferencia de prensa en la que hizo pública su inconformidad con reciente Resolución del Tribunal Electoral de Estado, Castro Romero confirmó que seguirá insistiendo para que se le permita a ella, y a todos los aspirantes a candidatos independientes recabar el apoyo ciudadano usando las cédulas de papel al mismo tiempo que la aplicación electrónica.
Ahora seguirá su lucha jurídica en las instancias federales, precisamente ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante dicha instancia presentó el pasado día 2 de enero un Juicio para la Protección del los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con la que espera una respuesta favorable.
El Juicio presentado por Castro Romero fue respaldado por seis aspirantes a candidatos independientes para diversos cargos, quienes decidieron comparecer como Terceros Interesados por considerar que lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado también les afecta sus derechos políticos.
Firmaron los siguientes aspirantes: Santiago Alberto Alamilla Bazán, aspirante a la presidencia municipal de Mérida. Julio Anselmo Be Poox, aspirante a la presidencia municipal de Peto. Denny Heyder Gamboa May, aspirante a la presidencia municipal de Kanasín. María Magdalena Pool Ku, aspirante a Diputada por el Distrito V. Juan Carlos Atrizco Campos, aspirante a Diputado por el Distrito VII, y Christian Genaro Cetina Galera, aspirante a Diputado por el Distrito VIII.
Todos los aspirantes a candidatos independientes coincidieron en que están luchando contra muchas cosas, desde leyes inequitativas, la falta de recursos económicos, el desconocimiento ciudadano, la falta de difusión por parte del INE y del IEPAC, trabas administrativas, y resoluciones jurídicas como la del Tribunal Electoral del Estado, la que en vez de ayudarlos sólo les impiden el pleno ejercicio de sus derechos.
Resulta ilógico que los independientes tengan que litigar contra las autoridades que debieran ayudarlos y no perjudicarlos, como el IEPAC y el TEEY.
Aldea Política Noticias.
