La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará las facultades que tiene el Ministerio Público en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre estas, asegurar cuentas bancarias e intervenir comunicaciones.
La intervención del máximo tribunal del país es producto de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial de por medio, viola la garantías individuales, al igual que la falta de límites para intervenir llamadas o localizaciones vía satélite de celulares.
