El laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje mediante el cual obliga al líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, y al sindicato que encabeza, repartir entre sus trabajadores el dinero un fideicomiso por casi 55 millones de dólares, es un tema de justicia laboral, asegura el secretario del Trabajo, Roberto Campa:
“Estamos en medio de un proceso judicial, nada garantiza que el Sindicato no intente por la vía judicial algún esquema para retrasarlo, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con el otro tema. Esto es un asunto estrictamente laboral, en términos de justicia laboral, no tiene que ver con justicia penal y tampoco con cuestiones electorales”.
Por lo pronto, añade, lo que resolvió la Junta fue determinar quiénes son los trabajadores que tienen derecho y cuál es la cantidad que les corresponde, lo cual seguramente se determinará en los próximos meses.
