Las prácticas de tortura contra los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que han provocado resoluciones legales a su favor en los últimos días, no están comprobadas, defiende el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco.
El ex funcionario anticipa que el asunto podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los ministros resuelvan en consecuencia.
Calificó como grave que el abogado de las familias de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, declare que la línea de investigación de “Guerreros Unidos” está cerrada.
