El Papa Francisco aprobó una ley que ordena a todos los sacerdotes y monjas católicos reportar a las autoridades eclesiástica los abusos sexuales del clero.
La legislación ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a las diócesis que introduzcan un sistema para recibirlas de forma confidencial.
También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo.