La LXII Legislatura aprobó por unanimidad modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos en Yucatán, para iniciar con la eliminación gradual de popotes y bolsas de plástico, así como materiales de unicel, por lo que sería la tercera entidad en la República en materializar estas medidas.
De esta forma se deberá eliminar, sustituir y prohibir los popotes y las bolsas de plástico, en un plazo de 6 meses en los establecimientos comerciales que se encuentren cerca de cenotes, áreas naturales protegidas y reservas ecológicas; en 12 meses, en los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares; así como en un plazo de 18 meses, en los establecimientos dedicados a la venta al mayoreo y menudeo de los productos señalados.
En el caso de los contenedores de poliestireno, se aplicará la medida en un plazo de 12 meses en establecimientos comerciales que se encuentren cerca de cenotes, áreas naturales protegidas y reservas ecológicas; además, en un plazo de 24 meses, en los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares.
En sesión ordinaria de este miércoles, el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Harry Rodríguez Botello Fierro (PVEM), advirtió que los desechos de un solo uso son altamente contaminantes y están dañando las diferentes Áreas Naturales Protegidas del Estado, ya sean superficies de competencia federal, estatal o municipal afectando a más del 8% de la superficie total del estado.
Por lo que resaltó, la importancia de que Yucatán, se una a los estados de Hidalgo y Baja California Sur, como los primeros estados del país en legislar para prohibir el uso de popotes, bolsas plásticas y contenedores de unicel, consiguiendo generar una prohibición gradual de estos materiales en cualquier unidad económica.
“Toda ley siempre busca el beneficio de la ciudadanía y esta no es la excepción; evitar la utilización de materiales como el unicel o el plástico en desechables de un solo uso, es un gran paso para la mitigación del daño al medio ambiente, paso que estamos dando de la mano con la ciudadanía, las asociaciones civiles y las cámaras empresariales”, aseveró Rodríguez Botello Fierro.
Manuel Díaz Suárez (PAN), reconoció el esfuerzo y la colaboración del sector empresarial, ya que son generadores de empleos e impulsores de una mejor economía, que se solidarizan y asumen costos y responsabilidades con esta medida.
“Desde luego todas las acciones que desde el gobierno del Ejecutivo y de nosotros, los legisladores que estaremos haciendo por el medio ambiente, no tendrá efecto alguno si no existe el involucramiento y participación ciudadana”, manifestó.
Silvia López Escoffié (MC), señaló que en Yucatán hace falta la cultura de separación de la basura y reciclaje para ir reutilizando, que genera un problema grave en los municipios, como son los basureros a cielo abierto y los rellenos sanitarios.
“Es por esto que debemos empezar a generar esa conciencia ambiental que beneficiaría a todas y todos los Yucatecos y que traerá una disminución en la contaminación y debe ser de mayor relevancia, se actualicen los programas de manejo de recursos para la conservación de diversas áreas naturales ubicadas en mares y costas”, agregó.
Alejandro Cuevas Mena (PRD), refrendó su compromiso como agente de la Sustentabilidad, con el compromiso de impulsar acciones, propuestas e iniciativas como esta, en defensa de los recursos naturales, soberanía alimentaria libre de transgénicos, desarrollo urbano y rural, con visión y planeación sustentable, así como promover la generación y empleo de energías limpias y renovables.
Janice Escobedo Salazar (PRI), indicó que el dictamen también ordena a los 106 municipios que en un plazo de seis meses modifiquen sus reglamentos en materia ambiental para homologarlos con la nueva normatividad, para actuar contra la crisis climática que ya vivimos y que tanto daño está originando al planeta, sobre todo la contaminación derivada del uso desmedido de plásticos de un solo uso, que han afectado al ambiente marítimo, la fauna y la flora.
“Asumimos un acto legislativo congruente y vanguardista, que prevé los mecanismos de participación de los municipios, como una forma de solidaridad normativa con un amplio espectro de corresponsabilidad social”, expresó.
