El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que pedirá al canciller Marcelo Ebrard, que haga los trámites correspondientes para que solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que Julian Assange quede en libertad “y que México le ofrece asilo político”.
“Celebro primero que en Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange, que no se haya autorizado la extradición a Estados Unidos.
Creo que es un triunfo de la justicia, celebro que en Inglaterra se actúe de esa forma, porque Assange es un periodista y merece una oportunidad; estoy a favor de que se le indulte, no solo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido, la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad, y que México le ofrece asilo político, con lo que significa el derecho de asilo en nuestra tradición, que es protección pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo, no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país.
López Obrador aseguró que México está en la posibilidad de brindar protección al fundador de WikiLeaks, y reiteró que está a favor de que se le indulte.
Nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer este asilo y felicitamos a la justicia del Reino Unido por la decisión que se tomó hoy, nada más que allá fue por la madrugada , pero fue una muy buena decisión, entonces perdón al señor assange , indulto y asilo en México, nosotros le damos protección, vamos a hacer esa gestión”, indicó el mandatario mexicano.
La justicia británica rechazó este lunes extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, pues consideró que de hacerlo éste podría suicidarse.
El gobierno estadounidense reclama a Assange para que sea juzgado en en dicho país por espionaje a causa de la publicación de cientos de miles de documentos secretos.
El Departamento de Justicia de EEUU, dijo que Estados Unidos está “extremadamente decepcionado” por rechazo a extraditar a Assange, según reportó AFP en un cable de última hora.
Estados Unidos puede recurrir esta decisión y su representante legal afirmó que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange pedirá su libertad bajo fianza en una nueva vista programada para el miércoles.
La abogada y pareja de Assange, Stella Morris, afirmó que marca una victoria la decisión de la corte británica.
El estadounidense Edward Snowden, desde Rusia, en donde vive exiliado, se pronunció y dijo que espera que esto sea un final para el caso de Assange.
Entre los documentos filtrados se encontraba un video en donde se veía cómo helicópteros de combate de la armada de EEUU, disparaban contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Estados Unidos acusa a Assange de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
En los documentos que Assange sacó a la luz, también figuran correos en los que un empleado de Balam Seguridad Privada revela que su director, Rodrigo Ruiz, cobró a la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) el software de espionaje Pegasus.
El malware espía Pegasus fue comprado por la PGR, por USD 32 millones al Grupo Tech Bull, una filial de Balam Seguridad Privada.
El software se infiltra en teléfonos celulares a través de un mensaje de texto con un enlace que, al ser activado, facilita la instalación secreta del programa que permite el monitoreo de toda actividad del teléfono celular, incluyendo correos electrónicos, mensajes encriptados, llamadas, cámara y micrófono.
Los afectados por el espionaje fueron miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, líderes de partidos de oposición y funcionarios de organismos internacionales.
Las personas investigadas hicieron pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, decisiones de salud pública y violaciones graves a los derechos humanos.
