Por: Magdalena Gómez
Periódico La Jornada
La llamada 4T cada día acumula un memorial de agravios a sectores que se suponía serían respetados, como el normalismo y los pueblos indígenas, por citar dos de los más destacados. El más reciente contra 93 estudiantes, 74 mujeres, de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, remitidos al penal El Amate el pasado 18 de mayo, cuando realizaban una protesta en torno a la pretensión de aplicar de manera virtual el examen de admisión. Exigían que fuera presencial, pues la mayoría de aspirantes no cuenta con herramientas digitales y se ubican en regiones sin acceso a Internet. Las estudiantes fueron además víctimas de abuso sexual, por los policías, durante su detención e ingreso al penal. La indignación y exigencia de que se les libere crece y se extiende en el normalismo nacional, los organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entre muchas otras instancias. En ese contexto, parece victoria pírrica que el pasado domingo, bajo sigilo, liberaran sólo a las 74 mujeres, dejándolas sujetas a proceso, sin que se informe acerca de investigación y sanciones sobre el abuso policiaco. No es menor que la represión proviene de las fuerzas del estado gobernado con autoritarismo por un integrante de Morena. Resulta inevitable volver a la reiterada declaración presidencial de que “no somos iguales” y al propio tiempo evocar Atenco y Ayotzinapa, sin encontrar la diferencia.
Por otra parte y siguiendo con el memorial de agravios hay terrenos de continuidad, como los de los megaproyectos que en nombre del llamado “progreso” se están imponiendo a contrapelo de los derechos de los pueblos indígenas. Y ya se ha insistido suficiente en que la inclusión de las personas indígenas en los programas sociales de apoyos económicos no guarda relación con el cumplimiento de los derechos colectivos. En los hechos, esos apoyos están operando como factor de divisionismo comunitario. En ello destaca el programa Sembrando Vida. Uno de los derechos abiertamente manipulados en clave de simulación y cooptación es el de la consulta, que debería ejercerse en la lógica de su libre determinación. Perdón, pero la estrategia de protocolos oficiales se diseñó en el gobierno anterior y se estrenó con los proyectos eólico en Juchitán, Oaxaca, y el gasoducto en Loma de Bácum, con los yaquis, en Sonora. También se impuso el Acueducto Independencia. En el actual ya está muy documentada la consulta en torno al llamado Tren Maya, incluso por espacios de la ONU. En días recientes se realizó una especie de segunda vuelta en la consulta. Esta vez sobre los polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) previstos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que consisten en parques industriales donde se brindarán beneficios fiscales a empresas que lleguen a instalarse, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sur de Oaxaca, dice el gobierno, pero la dimensión de ese proyecto favorecerá al capital trasnacional. No en vano el gobierno estadunidense promueve la inversión.
A diferencia del Tren Maya, que también requiere de tierras ejidales para sus polos turísticos y agroindustriales, al descartar sus fideicomisos, las está negociando por abajo del agua, con la mira de la expropiación en caso necesario. El CIIT y su operador el INPI promovieron asambleas consultivas, para la autorización de los polos con el compromiso de ofrecer los polígonos de 500 hectáreas en cada uno. Asistieron observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Se consignó que las autoridades comunitarias, agrarias y municipales demandaron medidas para garantizar el cuidado del agua, medio ambiente y los recursos naturales. En la lógica oficial, fue un éxito pues se logró la aprobación de tres de los cinco parques industriales que tiene contemplados desarrollar en Oaxaca.
No somos iguales, no tenemos licenciatura y tenemos otros datos, parecen decir en un comunicado firmado, entre otras agrupaciones, por la Asamblea Permanente de Puente Madera, habitantes en resistencia de Santa María Mixtequilla y Ciudad Oaxtepec, así como la Campaña Global El Istmo es Nuestro. Denunciaron la imposición de los Podebis, la simulación de una consulta que no fue previa, libre e informada y señalaron que en Ciudad Ixtepec, el pasado 15 de mayo se realizó la supuesta asamblea de consulta, asistieron poco más de 350 personas de la comunidad y 17 representantes de autoridades municipales, comunales, estatales y federales. El número de asistentes, no alcanza ni 5 por ciento de la población. En Santa María Mixtequilla el 16 de mayo de 2021 se realizó una supuesta asamblea de consulta, con menos de 500 personas, la mayoría trabajadores y familiares del ayuntamiento municipal que simpatizan con el candidato de Morena y actual presidente municipal que busca la relección. El encuentro no representó un porcentaje aceptable para tomar decisiones de una población de 4 mil 500 habitantes. Bien haría el gobierno de la llamada 4T en detenerse a mirar sus políticas, para no ser peores, antes de sembrar perdones futuros.
