La semana pasada, la Oficina en México del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) anunció el “plan de relocalización” de los barrios en Campeche que se encuentran sobre lo que será el paso del Tren Maya. Si bien aseguran que este será un proceso “basado en el consenso, el mejoramiento de las condiciones de vida, la certeza jurídica sobre la propiedad y el acceso a una vivienda adecuada”, se trata de un desalojo forzoso disfrazado. Sonará duro pero lamentablemente los hechos así lo indican.
ONU-Habitat México participa en el Tren Maya como prestador de servicios. Fue contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por un monto 5.5 millones de dólares, según trascendió en medios, para diseñar el “plan de relocalización”. No hay nada de malo en cobrar por el trabajo. El problema está en que tanto FONATUR como ONU-Habitat México han hecho uso del emblema de las Naciones Unidas para dar a entender públicamente un respaldo institucional o un acompañamiento de verificación, cuando en realidad les une una relación de cliente y contratista.
En ese contexto, ONU-Habitat México ha secundado el discurso estigmatizante de FONATUR, argumentando que la gente a la que buscan desalojar de los barrios de La Ermita, Santa Lucía y Camino Real son “personas que invadieron las vías del tren”. Basta con ver un mapa de la ciudad de Campeche para evidenciar este absurdo: los rieles atraviesan el área urbana justo por la mitad. Los barrios que pretenden desalojar existen desde antes del Siglo XIX. Las vías ferroviarias se construyeron sobre ellos de manera indebida en los años 30 del Siglo XX, por lo que muchas familias perdieron parte de sus terrenos. A algunas se les indemnizó, a muchas otras no. ONU-Habitat México lo sabe, pero le ha sido más cómoda la versión en la que ellos participan en un acto de generosidad frente a vecinos “ilegales”.
También sabe que es rampante la oposición de los barrios contra el desalojo. De las pocas personas que han aceptado ser reubicadas, muchas lo han hecho por temor a que les hagan “irse por las malas” y sin indemnización. También sabe que en ese proceso no hay nada consensuado. Las autoridades ya decidieron todo: decidieron que se haría el Tren Maya, decidieron que atravesaría los barrios, decidieron que la gente sería reubicada, decidieron a qué terrenos se les llevaría y ya hasta decidieron los diseños de las nuevas casas.
ONU-Habitat México también anunció que a partir de ahora el diálogo con las personas afectadas será directamente con FONATUR, lo que pareciera un anuncio de su paulatina retirada. En un futuro dirán que ellos no son responsables de los desalojos, que solo hicieron el diagnóstico y la propuesta técnica, que las autoridades eran quienes ejecutaron, que ellos no participaban en todas las decisiones, y similares. Pero no es posible ese juego de Pilatos: ONU-Habitat México será también responsable de los desalojos que ocurran y de cualquier otra violación a derechos humanos que pudiera darse. La complicidad que he recapitulado aquí no puede lavarse con una salida discreta por la puerta de atrás.
Sé que en ONU-Habitat México hay gente consciente y que sabe que fue un error haber aceptado ese contrato. Es por eso que, con todo y todo, aún tienen la posibilidad de hacer al menos algo de lo correcto: apoyar la alternativa de reubicar las vías del tren. La gente de los barrios lo ha pedido desde un inicio. No hay razón para no hacerlo. Y eso también lo saben.
