Por: Raymundo Riva Palacio
Este gobierno democratizó el espionaje contra periodistas de una manera progresiva, con objetivos políticos.
El espionaje contra periodistas se está expandiendo a una velocidad que no se conoció en gobiernos anteriores, y se ha ampliado el número de funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que están buscando las fuentes de información de periodistas o rastreando si tienen intereses ocultos que permeen sus opiniones. Este es un tema donde la prensa no suele denunciar porque, salvo que atrapen al gobierno prácticamente in fraganti, no tiene forma de saber cuáles periodistas están sujetos a investigación. Pero los secretos no son para siempre.
Javier Tejado, que tiene acceso a información privilegiada, denunció este martes el espionaje contra varios columnistas. En su informada columna en El Universal, Tejado afirmó que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, solicitó información sobre columnistas –como él mismo– que han escrito sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ha sido denunciado como una intromisión en la vida privada de los ciudadanos con objetivos que van más allá de combatir a la delincuencia, como argumentan las autoridades.
En este abuso de facultades, como señaló Tejado, “buscan encontrar los vínculos de periodistas con empresas de telefonía móvil, lo que denota poca capacidad de autocrítica por una ley que sencillamente está mal diseñada”. Este espionaje solicitado por Mejía Berdeja fue planteado por Tejado como una contradicción del funcionario y el gobierno que representa. Espiar a periodistas, señala, “evidencia el mal uso que pueden hacer ciertos funcionarios si se les entregara la información y biométricos de los usuarios de celulares”.
Tejado no abunda cuál fue la dependencia a la que solicitó información, pero se infiere de su texto que no fue a Plataforma México, adscrita a la Secretaría de Seguridad. No hay muchas otras dependencias que puedan hacerla, pero es altamente probable que la petición haya sido al Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al Cisen, bajo la responsabilidad del general Audomaro Martínez, un viejo amigo y colaborador del presidente López Obrador, quien ha dicho reiteradamente que el espionaje político se erradicó en su gobierno. Esto es una mentira.
El Centro Nacional de Inteligencia no es el único metido en el espionaje de periodistas. El secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, ordenó colocar vigilancia física directa e interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos de un columnista de EL FINANCIERO que en octubre pasado adelantó los preparativos para que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por otra parte, reactivaron el malware modular Pegasus, que vende la compañía israelita NSO Group –y que tiene varios distribuidores en México–, que penetra en los dispositivos móviles y puede leer todos los mensajes, correos electrónicos, ver el historial de búsquedas en internet, extraer las fotografías y los expedientes almacenados, encontrar las contraseñas, los contactos e intervenir llamadas.
Pegasus adquirió notoriedad durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque el Citizens Lab de la Universidad de Toronto descubrió que lo estaban utilizando para espiar a activistas y periodistas, lo cual fue un escándalo. No ha sido el caso en el gobierno de López Obrador, pese a las varias denuncias en el pasado sobre el espionaje. En este espacio, por ejemplo, se publicó en octubre que el Centro Nacional de Inteligencia había estado investigando a los líderes del Frente Nacional Anti-AMLO y de los activistas que protestaban por pérdida de agua en la prensa de La Boquilla en Chihuahua. Un mes después El Universal retomó la existencia de una investigación sobre los líderes del llamado FRENAAA, que negó el gobierno.
El gobierno de López Obrador ha estado espiando por todos lados. A una unidad de inteligencia de la Marina dedicada al seguimiento de cárteles de la droga, le ordenaron dejar de vigilarlos para dedicarse a conseguir información delicada de los empresarios, para ser utilizada contra quienes se resistieran a los chantajes para que pagaran impuestos adicionales a los que debían cubrir. No es algo nuevo que se dé este tipo de espionaje, pero es una contradicción entre lo que asegura el Presidente y los hechos. En el pasado, las negativas de espionaje eran menos vehementes y buscaban salidas plausibles –por cierto, sin mucho éxito.
El espionaje a periodistas, ciertamente, no es nuevo. Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, este espacio publicó la lista de ocho de ellos a quienes había solicitado investigar el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chauyfett. Poco tiempo antes, el periodista Jorge Luis Sierra reveló en un portal ya desaparecido, To2, las fichas de inteligencia militar de varios periodistas vigilados desde el gobierno de José López Portillo hasta, en ese entonces, los 90. Lo que representa una variación del espionaje a periodistas es cómo han incrementado el número de columnistas bajo seguimiento.
Este gobierno democratizó el espionaje contra periodistas de una manera progresiva, con objetivos políticos. Esto es al menos lo que demuestra Tejado en su columna. Preocupa y alarma, como señala, el abuso de las facultades de los funcionarios y la falta de controles internos para contener los excesos del poder. A diferencia del pasado, esos contrapesos no existen ya. Al contrario, han cerrado filas contra el nuevo enemigo, los columnistas.
