Así como Rogelio Ramírez de la O empieza a tener injerencia en la política energética, con la decisión de reducir drásticamente el Derecho de Utilidad Compartida que hará que Pemex le pague 10 puntos menos de impuestos a la Federación, la interrogante es si el nuevo secretario de Hacienda le quitará a Raquel Buenrostro el control de la reforma fiscal.
La jefa del SAT fue ratificada la semana pasada por el propio Ramírez de la O, pero se equivoca si cree que podrá imponer el mismo trato intimidatorio y persecutorio que la llevó a enfrentar innecesariamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con grandes empresas como Walmart, FEMSA, IBM, Grupo Modelo y América Móvil, por citar los casos más escandalosos.
Ciertamente, conglomerados como los que capitanean Guilherme Loureiro, José Antonio Fernández Carbajal, Eduardo Gutiérrez, Cassiano De Stefano y Carlos Slim estuvieron acostumbrados por años a no pagar impuestos y qué bien que el SAT y la 4T los obliguen a tributar correctamente, pero institucionalizar el terrorismo fiscal no es la mejor idea.
Ramírez de la O es un prestigiado y respetado consultor económico-financiero, que se debe en buena medida a empresas triple AAA mexicanas y multinacionales extranjeras a las que en los últimos 25 años ha prestado sus servicios de asesoría e incluso de cuyos consejos, en algunos casos, ha formado parte.
Buenrostro adelantó que más que una reforma fiscal habrá una reforma administrativa para lograr, ‘de saque’, una recaudación de 200 mil millones de pesos. La funcionaria endurecerá todavía más su postura contra los grandes contribuyentes, a quienes ya conminó a consultar las tasas impositivas porque les caerán más auditorías.
Ese tono intimidante molestó al Consejo Coordinador Empresarial que comanda Carlos Salazar y al Consejo Mexicano de Negocios que capitanea Antonio del Valle Perochena, sector al que el propio López Obrador reconoció como necesario para reactivar las inversiones y empleos y pidió que confíen en él.
Pero la realidad es que el SAT va principalmente por los bancos, automotrices y grandes transnacionales que contrataron en el pasado los servicios de outsourcing. Se quieren auditar los cinco últimos años para determinar el pago del ISR, de nóminas al IMSS y de cuotas al Infonavit.
Bancos como BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi o HSBC de Jorge Arce; armadoras como Ford de Héctor Pérez o General Motors de Francisco Garza; distribuidores como Autofin de Juan Antonio Hernández, informáticas como HP de Carlos F. Cortés o Softtek de Blanca Treviño, estarían en la mira fiscalizadora.
Interesante, pues, el curso que tomará la estrategia recaudatoria del presidente López Obrador y todavía más la actitud que asuma Ramírez de la O, un personaje, insistimos, más cargado al sector empresarial, más refinado, y con mucho más mano izquierda.
Su decisión de mover al subsecretario Gabiel Yorio, quien absorbió las facultades de la desaparecida Subsecretaría de Ingresos, y de poner a Miguel Siliceo, no es otra que recuperar funciones que hoy tiene monopolizadas el SAT.
Y se empezará por el rediseño de la política fiscal.
EN LAS DOS últimas reuniones que Carlos Slim ha sostenido en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la construcción del tramo de la Línea 12 que le tocó hacer a Carso Infraestructura. Incluso la parte que colapsó, dejando entrever que la tragedia del 3 de mayo pudo deberse a falta de mantenimiento. Particularmente en la comida que el martes sostuvo con el tabasqueño, y a la que ya no asistió la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, Slim fue con una propuesta para realizar la rehabilitación de la interestación Lomas Estrella-Calle 11 a la interestación Zapotitlán-Tlaltenco, la ruta del viaducto elevado que edificó. Ahí se ubicaba la trabe que se vino abajo. El dueño de América Móvil reiteró lo que ofreció desde su primera reunión: hacer un reforzamiento con “cinturones y tirantes”, según un anteproyecto que le elaboraron expertos españoles de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la firma española de cuyo control se hizo en junio de 2020 tras comprarle la deuda bancaria a Esther Koplowitz. Sin embargo el comité técnico creado para acompañar la investigación de la firma noruega DNV, a la sazón encargado del proyecto ejecutivo de la rehabilitación del tramo elevado, rechazó de entrada el planteamiento de Slim porque no se le hizo técnicamente seguro. Dicho comité conformado por Sergio Alcocer, Bernardo Gómez González, Juan Manuel Mayoral, Raúl Jean Perilliart, Rubén Alfonso Ochoa y José María Riobóo, propone “alterarlo sensiblemente”. Eso sí, el magnate absorberá el costo total del reforzamiento con la técnica que al final se determine.
BIRMEX, EL LABORATORIO de reactivos propiedad del gobierno federal, es el encargado preponderante de la compra de los medicamentos oncológicos. Como le he venido diciendo, esta línea de productos es la que más trabajo le está costando conseguir a la 4T, por lo que el tiempo estimado de disponibilidad fácilmente llevará todavía un par de semanas. Birmex, que dirige Pedro Zenteno, está en proceso de adquirir un paquete de oncológicos de 40 presentaciones. Abarca bleomicina, dacarbazina, ciclofosfamida, metrotexato, vinblastina y epirrobucina, entre otros. Se está negociando principalmente con empresas mexicanas como Novag, Zurich, Medimex y Ultra, amén de Accord y Eurofarma. Hasta ahora son 18 claves amarradas con inventario, entrega inmediata, con registro sanitario y trámite de importación. Se pagarán por ellas unos 900 millones de pesos. Son productos que provienen de Lituania, India y Corea, básicamente. Este es el estatus real, más allá de la verborrea del impresentable subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
ZOÉ ROBLEDO SE tuvo que cortar un brazo. Nada pudo hacer para evitar la inminente salida de Humberto Pedrero de la dirección de administración del IMSS. Su excompañero del ITAM y exsecretario de Hacienda del ex Manuel Velasco, cargó con las deficiencias y críticas en el abasto de medicamentos, que más que nada es culpa del Instituto de Salud para el Bienestar, que lleva Juan Antonio Ferrer, y a la Oficina de la ONU para Servicios de Proyectos, a cargo de Fernanco Contri, que al propio Seguro Social. Lo que terminó de afectar al exdiputado de Morena fue la también fallida asignación, en noviembre pasado, de los servicios integrales de laboratorio a Impromed de Fernando Chaín, Centrum de Valentín Campos y Hermoser de Ignacio Higadera, el famoso ‘cártel de los chupasangre’, un contrato de 7 mil millones de pesos que han incumplido.
ADEMÁS DE PRODEMEX, de Olegario Vázquez Aldir que opera los reclusorios federales de Durango y Michoacán, otros dos grupos concesionarios de penales llegaron a acuerdos con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a cargo de José Ángel Dávila. Se trata de GIA+A que capitanea Hipólito Gerard, a cargo del de Oaxaca, e IDEAL de Carlos Slim Helú que controla los de Chiapas y Morelos. Los tres ofrecieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un ajuste de 15 por ciento por concepto de la contraprestación que cobraban. Aún faltan de firmar el fondo EXI que lleva Mario Gabriel Budebo que tiene los de Sonora y Guanajuato, y BlackRock de Larry Fink concesionario del de Coahuila.
