Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán que fueron aprobadas esta tarde por el Congreso del Estado permitirán, entre otras cosas, establecer la figura de Tribunal Unitario (conformado por un juez), además del que actualmente opera como Tribunal Colegiado (conformado por tres jueces), en concordancia con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) vigente en todo el país.
De esta manera, los Tribunales Colegiados se encargarán de casos como trata de menores, tráfico de menores, trata de personas, desaparición forzada de personas, secuestro, violación en todas sus variantes, homicidio doloso y feminicidio.
Estos asuntos son de una alta complejidad en su procedimiento porque requieren de mayor desahogo de pruebas, escucha de testigos y análisis de actos de investigación por parte del Ministerio Público, peritos, incluyendo diligencias en determinados lugares, alegatos, etc.; además del proceso que incluye la celebración de audiencias inicial e intermedia hasta llegar al juicio oral y a una sentencia.
Entre este tipo de casos, denominados de alto impacto, se incluyen también los procesos penales por delitos de violación, homicidio doloso y feminicidio.
De este modo, los Tribunales Unitarios podrán dedicarse a la resolución de asuntos de menor complejidad como incidentes de tránsito, robo, abuso de confianza, entre otros.
Las reformas aprobadas hoy permitirán al Poder Judicial, sin incurrir en gastos, una mayor operatividad para atender de forma más rápida y eficaz los asuntos penales, acorde su complejidad, con el consecuente beneficio para las partes en los procesos penales y en general para toda la sociedad.
La iniciativa del Poder Judicial también propone la inclusión de la igualdad de género como uno de los principios a los que se deberán apegar los tribunales y la igualdad dentro del Consejo de la Judicatura para que no cuente con más de tres miembros del mismo género en la conformación de su pleno.
Asimismo, las propuestas permiten eliminar la obligación de los jueces de ejecución de sentencia para inspeccionar los Centros de Reinserción Social en términos de la normatividad actual. En materia de carrera judicial se plantean nuevas categorías creadas para el nuevo sistema de justicia penal y se contempla la forma en la cual deberán sustituirse los jueces en casos de excusa o recusación.
