Unos 15 gobernadores de misma cantidad de estados mexicanos entregarán en los próximos días sus sillas de poder para dar lugar a las nuevas administraciones elegidas en las elecciones del pasado 6 de junio. Al momento de pasar la batuta, se hace un balance de lo que entregan y lo que queda pendiente, o se queda a deber. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó ya quienes son los gobernantes que más gastos irregulares del erario quedan por justificar. Mientras a otros, los mismos legisladores de sus Congresos les han echado en cara las promesas que hicieron hace seis años para ganar las gubernaturas, y que ahora simplemente se van sin haberlas cumplido.
El caso más sonado ha sido el del gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles. Información de la ASF, reportada por el diario mexicano Milenio, arroja que él es el gobernante que se va con la mayor cantidad de presupuesto público gastado sin justificar con una deuda en el estado adquirida por 3.649 millones de pesos.
Y es que el todavía gobernador de Michoacán, que será reemplazado por el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, habría sido aprobado en 2020 para dos créditos simples por cantidades de dos mil 45 millones de pesos cada uno, y otros dos por la cantidad de mil 149 millones de pesos y mil 218 millones de pesos, sin que hasta el momento se hayan aclarado los recursos que corresponderían a mil 128.5 millones de pesos.
Este presunto desfalco fueron rastreados en la Secretaría de Finanzas, donde supuestamente se habrían gastado mil millones 653 mil pesos en publicidad, asesorías, servicios de informática o software, informó el diario de circulación nacional. Lamentablemente no se encontraron los procesos de adquisición y contrataciones, por que se vuelve casi imposible rastrear la veracidad de las supuestas licitaciones o adjudicaciones.
De los 852 millones 807 mil pesos restantes, en al menos 347.9 millones no se halaron evidencias o documentación de su gasto en por lo menos seis dependencias estatales y 23 municipios.
Por otro lado, según datos de la ASF reportados el pasado mes de julio por el portal mexicano Animal Político, el gobernador saliente que le sigue a Aureoles con la mayor cantidad de recursos gastados sin justificar es el político independiente del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido también como el ‘Bronco’. Su administración suma irregularidades por 8.721 millones de pesos derivados de unas 203 actividades distintas, todas en la categoría de anomalías.
En ese momento también dicho medio señalaba que en el caso de esa entidad, la mitad de los recursos arrojados como malversados estaban ligados a transferencias hechas bajo la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.
El ‘Bronco’ también fue encarado por los legisladores estatales de su entidad, quienes le reclamaron las promesas incumplidas con las que deja el cargo de gobernador.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso, Ivonne Álvarez García, enumeró las promesas sin cumplir que dejará Rodríguez Calderón en materia de seguridad, violencia contra la mujer, movilidad social, educación, salud, medio ambiente y economía.
La representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que Rodríguez Calderón rompió paradigmas al convertirse en el primer gobernador independiente de Nuevo León y de México, pero aseguró que ha sido a un alto costo, puesto que fue el mandatario que más se ha opuesto a las decisiones tomadas por el Poder Legislativo, ya que emitió 79 vetos a lo largo de su gestión.
De igual forma, lamentó que en las calles y en los propios hogares las mujeres respiraron, vivieron y sintieron un clima de inseguridad, que en muchas ocasiones terminó con su vida.
“Tenemos claro que Nuevo León ya no aguanta otros seis años de estancamiento, improvisación y retrocesos. Con respeto, pero con decisión, convocamos al próximo gobierno estatal a trabajar de la mano y dejar atrás la rivalidad política”.
Por último, Álvarez García conminó a Rodríguez Calderón a tener disposición, apertura y voluntad en caso de que, eventualmente, él o alguno de sus colaboradores sean requeridos a rendir cuentas, una vez concluida su actual responsabilidad. Recordó que el Poder Legislativo tiene la obligación de dar seguimiento a las auditorías que, por ley, deberá enfrentar su administración en los meses subsecuentes.
