Por: Eduardo Guerrero Gutiérrez
Nadie está a salvo en Acapulco. Ése es el mensaje que deja el incendio provocado del Baby’O. Uno de los socios de la discoteca, Eduardo Césarman, descartó que el incendio, que por el video que circuló fue a todas luces provocado, haya estado motivado por el cobro de piso. Al respecto dijo: “…nunca hemos tenido un problema ni reciente ni pasado. La verdad es que el Acapulco que nosotros conocemos es pacífico, amigable, no es un Acapulco donde haya crimen”. No tengo información sobre lo ocurrido en el Baby’O que se contraponga a lo declarado por Césarman. Es probable que el ataque al Baby’O, por lo icónico del lugar y porque ocurrió casi al mismo tiempo que la toma de protesta de la nueva alcaldesa, la morenista Abelina López, haya sido una advertencia generalizada. Contra las autoridades entrantes, pero también contra toda la comunidad empresarial del puerto.
Sin embargo, yo no quitaría el dedo del renglón en el tema del cobro de piso. Tampoco me parece descabellado pensar que, con el ataque al Baby’O, lo que busca alguno de los grupos criminales que opera en Acapulco (que son varios y muy agresivos, incluyendo a La Nueva Empresa y al Cártel Independiente de Acapulco), sea allanar el terreno para extorsionar. También me parece necesario subrayar que es un tanto ingenuo esperar que, por parte de las víctimas de este delito, haya una denuncia de hechos, ya ni hablar de un reconocimiento público. Son varias las razones por las que pedirle a los dueños que acepten que sus establecimientos funcionan bajo amenaza equivale a pedirles que se den un balazo en el pie. Van tres razones de las más comunes.
La primera, que basta por sí sola, es el miedo a represalias personales. La segunda es que los antros, los bares y los restaurantes viven de su reputación, sobre todo lugares de lustre como el Baby’O. Los clientes que frecuentan ese tipo de establecimientos lo pensarían dos veces antes de acudir a un antro del que se sabe que pagó o paga cuota a un grupo criminal. La tercera es que denunciar también implica abrir la puerta a que se investiguen otras actividades delictivas que frecuentemente se toleran o se solapan, como la venta de coca y otras drogas duras. De hecho, en el caso de los antros, la extorsión y el narcomenudeo frecuentemente van de la mano. Los criminales a veces exigen un pago en efectivo, a veces lo que buscan es imponer en exclusiva a sus dealers, a veces una combinación de ambas cosas. El silencio de las víctimas es uno de los factores que ha favorecido que el cobro de piso se extienda, por todo el país y en todos los sectores, pero de manera alarmante en los destinos turísticos.
No creo que el cobro de piso sea un problema sin solución. De hecho, hay un precedente alentador. El secuestro, que en sentido estricto es un tipo de extorsión, ya no es un problema de la magnitud de hace algunos años. El INEGI estima que en 2013 se cometieron alrededor de 132 mil secuestros, para 2020 la cifra estimada fue de 83 mil. Una disminución del 37 por ciento, bastante encomiable si se toma en cuenta el contexto de inseguridad prevaleciente. Lo que hizo la diferencia en este delito fue la creación en 2014 de una Coordinación Nacional Antisecuestro, encabezada por Renato Sales Heredia, que a su vez apoyó la creación de unidades especializadas en cada una de las 32 entidades federativas, con recursos –y personal policial y ministerial– dedicado exclusivamente a identificar, y luego combatir, nuevos patrones y modalidades de secuestro.
La experiencia de la Coordinación Nacional Antisecuestro nos ofrece una ruta a seguir para hacer frente a la actual crisis de extorsión presencial. De forma similar, el cobro de piso podría abatirse (al menos en los sectores de más alto riesgo, como el turístico) si se forman equipos especializados para combatirlo. Sin embargo, para tener resultados es indispensable partir de la premisa de que la extorsión presencial y el cobro de cuota, a diferencia del secuestro, es, como ya mencioné, un delito esencialmente silencioso. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI (Envipe), la extorsión es el tercer tipo de delito de mayor incidencia. De acuerdo con dicha encuesta, en 2020 hubo más de 6 millones de extorsiones en el país. Sin embargo, en las denuncias recibidas por las fiscalías de las 32 entidades federativas apenas se reportan 8 mil 380 víctimas. De acuerdo con estos parámetros, la cifra negra es del 99.86 por ciento. Por supuesto, estas cifras se refieren a todos los tipos de extorsión, pero sirven para darnos una idea del grado en que el cobro de piso es un fenómeno primordialmente invisible.
Considerando lo anterior, para combatir el cobro de piso, las autoridades tienen que hacer algo que va contra los instintos de cualquier político: dedicarle recursos y esfuerzo, e investigar de forma proactiva, un problema que la mayor parte del tiempo no hace ruido. Ojalá que tras lo ocurrido en el Baby’O (y con el recuerdo de otros casos, más desafortunados, donde hubo pérdidas humanas) se tomen cartas en el asunto.
