La casta de empresarios que se enriqueció gracias a los contratos multimillonarios de Pemex en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto han canalizado parte de sus fortunas en paraísos fiscales y jurisdicciones secretas.
En la última década y media, los dueños y socios de las empresas Oceanografía, Blue Marine, Oro Negro, Grupo R y sociedades aliadas con la constructora brasileña Odebrecht –todas grandes contratistas de Pemex y envueltas en escándalos de corrupción– crearon estructuras offshore para comprar yates, propiedades en Estados Unidos o abrir cuentas bancarias fuera de México.
Sus nombres y estructuras fueron detectados por Proceso y otros 149 medios de 117 países en los cerca de 12 millones de documentos internos de 14 firmas especializadas en estructuras offshore, analizados durante un año en el marco de la investigación Pandora Papers –o Papeles de Pandora–, que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El propio Emilio Lozoya Austin, quien dirigió Pemex durante los primeros tres años del sexenio de Peña Nieto, fue un cliente destacado de paraísos fiscales, pues utilizó sociedades de papel en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para cobrar sobornos Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA). De hecho, su pasaporte apareció en los Panama Papers –otra investigación internacional que coordinó el ICIJ–, cuando trató de abrir una sociedad de papel en BVI, de la mano con Kalliopi Paky Houriet, una de las primeras clientas del despacho panameño Mossack Fonseca (Proceso 2129).
Uno de sus asesores en materia ambiental en Pemex, Daniel Zapata De Vengoechea, ha sido beneficiario –junto con sus hermanos– de fideicomisos incorporados por sus padres en 1995 y 2011 en Nueva Zelanda, llamados October Trust, Percy Trust y Taniaz Trust, que controlaban acciones de sociedades de BVI, las cuales a su vez operaban cuentas bancarias en Suiza.
Entre los clientes de la industria offshore figura también Paul Karam Kassab, quien además de ser amigo de Lozoya es, junto con sus hermanos William y Jesús Gabriel, dueño del gigante gasolinero Grupo Hidrosina.
En febrero de 2020, los dueños de Hidrosina fueron sujetos de órdenes de aprehensión por presuntas acciones de defraudación fiscal, y su empresa fue señalada por vender gasolina presuntamente sustraída de manera ilegal. En 2007, Paul Karam Kassab benefició de una condonación de impuestos de 133 millones de pesos, y en 2014 registró en BVI la sociedad Florencia Paraiso Corp.
Oceanografía
De la mano con Guillermo Sahagún y los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros del entonces presidente Vicente Fox Quesada, y de los empresarios Martín Díaz Álvarez –sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz—y de los hermanos Rodríguez Borgio, la empresa Oceanografía se convirtió en una de las mayores contratistas de Pemex durante el sexenio del panista y de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, pues acumuló contratos por más de 38 mil millones de pesos.
En paralelo, la empresa se hundió en un sinnúmero de escándalos de corrupción y de sobrecostos; aparte, en 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le otorgó una condonación de impuestos de 7 millones 917 mil pesos, mismo SAT que en 2014 le determinó un crédito fiscal de más de 2 mil millones de pesos y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el pasado miércoles 22 de septiembre.
Amado Yáñez Osuna, polémico socio e hijo del fundador de Oceanografía, enfrenta problemas judiciales desde hace cinco años, acusado de conseguir un crédito de 5 mil 132 millones de pesos de Banamex mediante documentos con firmas apócrifas de Pemex, y por otra parte utilizó 55 millones de pesos de otro crédito destinado a Oceanografía para administrar el club de futbol Gallos Blancos de Querétaro.
Yáñez también fue señalado en los manejos turbios de la financiadora queretana Libertad Servicios Financieros, que según el denunciante Hugo Bustamante era en realidad una gran maquinaria operada por el abogado Juan Ramón Collado Mocelo para lavar dinero de sus clientes –los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari–, el exgobernador queretano Francisco Domínguez Servien o la propia Oceanografía.
Derivado del tema de defraudación a Citibanamex, Yáñez estuvo en la cárcel entre 2014 y abril de 2017, cuando recobró la libertad mediante el pago de una fianza de 7.5 millones de pesos. En marzo de 2016, mientras seguía en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Yáñez vendió su sociedad de papel Cavallino di Mare Ltd –que había creado en 2012 en BVI para controlar un yate– al empresario regiomontano Jaime García García.
La operación involucró a dos intermediarios, que durante 8 meses detentaron acciones de la sociedad de BVI: el tapatío Mario Ganón Lugardo y el regiomontano Rodrigo Madero Covarrubias, consejero de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que opera el Casino Royale de Monterrey, tristemente célebre por el atentado perpetrado en agosto de 2011 por integrantes de los Zetas, quienes incendiaron el recinto con todo y clientes dentro, provocando una masacre de 52 personas.
Por cierto: Raúl Rocha Cantú, dueño del casino, también tuvo una sociedad de papel en BVI, llamada La Brava Shipping Ltd –creada en 2007–, para controlar un yate; en los registros de BVI, aparece que el “antiguo nombre” del director de la sociedad era Amado Omar Yáñez Osuna.
En respuesta a un cuestionario, un representante de Oceanografía indicó que “la corporación Cavallino Di Marte Ltd, constituida en el año 2010 en Virgin British Island, es la figura legal para la adquisición de la embarcación denominada “Cavallino di Mare” con un costo de adquisición de $1,600,000 euros, adquirida por Oceanografía SA de CV, empresa legalmente constituida en los Estado Unidos Mexicanos (…) En todo momento Oceanografía cumplió con las leyes mexicanas, ya que este tipo de estructuras financieras son auditadas y supervisadas por las autoridades de México y de los países que participan en este tipo de esquemas”.
El tío de Yáñez, el empresario petrolero Maclovio Yáñez Mondragón –quien durante el sexenio de Fox fue subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la zona Norte, con sede en Poza Rica, y en 2017 fue sancionado con multas de 54 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos de corrupción–, también tuvo su estructura offshore, en Panamá, donde abrió la fundación Peak Eleven y las sociedades Firstar Inc y Asianta International Group Inc., con cuentas en el Crèdit Andorrà.
Fabián Narváez Tovar, por su parte, es un empresario establecido en Campeche, señalado por evadir impuestos mediante esquemas de outsourcing que ofrece a las empresas contratistas de Pemex, entre ellas Oceanografía, de la que su empresa Grupo Impulsor del Sur (Grimsur) llevaba la nómina. Se trataba entonces de cerca de 4 mil 400 trabajadores.
En 2014, el SAT incorporó a Grimsur en su lista de empresas fantasmas, de las que emiten facturas por operaciones inexistentes; Narváez trató de combatir esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le asestó un revés el 27 de abril de 2017, cuando confirmó la sentencia.
En los Papeles de Pandora, Narvaez aparece vinculado a varias sociedades de BVI, llamadas Black Diamonds Enterprise Corp, PB 1803 Asset Holdings Ltd, CR 702 Holding Assets Ltd y Fasana Corp, creadas como vínculos para comprar bienes inmuebles en Estados Unidos.
Ya en 2016, en la investigación Panama Papers –también coordinada por ICIJ– salieron documentos sobre tres sociedades offshore creadas para el beneficio de Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio, todos socios de Oceanografía, así como para el mismo Fabián Narváez Tovar.
En aquella ocasión, los abogados de Yáñez y Díaz dijeron a la reportera Jesusa Cervantes, de Proceso, que las sociedades offshore fueron creadas para adquirir “una lancha de dos motores para salir a pescar”; los Rodríguez Borgio, dueños de la estructura Fairhaven Resources Limited y Linard Consultants Inc –esa última, en sociedad con Martín Díaz Álvarez–,
Narváez también salió en los Panama Papers, ya como dueño de la sociedad de papel Fasana Corp; su contador dijo entonces que “no tiene nada que esconder ni es extraño tener esas empresas”, pues “es común en Estados Unidos cuando se adquiere una propiedad”.
Influyentismo
Además de Oceanografía, Amado Yáñez tenía otros negocios con Pemex: en agosto de 2001, fue uno de los socios fundadores de la empresa Arrendadora Ocean Mexicana, que pertenecía al grupo Blue Marine Technology y se dedicaba, al igual que Oceanografía, a arrendar buques a la petrolera con el presunto apoyo de los hermanos Bribiesca, hijos de la entonces Primera Dama.
Blue Marine había sido fundada en 1998 por Antonio Juan Marcos Issa –quien fuera coordinador de asesores de Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, directores de Pemex en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox–, su yerno Juan Reynoso Durand, y su hermano Alfredo.
De hecho, Yáñez y su familia compartían varias estructuras con Juan Marcos y los Reynoso, como la empresa Subtec, mientras que Oceanografía y Blue Marine tenían el mismo abogado, Daniel Rassvetaieff Guerrero. En las últimas dos décadas, Blue Marine recibió contratos por al menos 9 mil 200 millones de pesos. Una comisión legislativa que investigó sobre presuntos casos de corrupción en Pemex planteó que Oceanografía y Blue Marine recibieron contratos por más de 24 mil millones de pesos durante el sexenio de Fox, gracias a sus contactos en el más alto nivel de la petrolera y en Los Pinos.
Las sospechas y señalamientos de corrupción detonaron investigaciones en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el sexenio de Felipe Calderón, que derivaron en denuncia ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En una denuncia, interpuesta en 2007, la ASF señaló que la empresa facturaba 45 mil dólares diarios a Pemex por el arrendamiento de una embarcación que Blue Marine rentaba, a su vez, por 15 mil dólares a su dueño; aparte, la revista Contralínea reveló en su momento que Pemex había amañado una licitación para beneficiar a la empresa en la licitación de un contrato para arrendar dos buques, por 882 millones 455 mil pesos.
En enero de 2011, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a 14 servidores públicos de Pemex tras determinar que adjudicaron de manera “irregular” contratos a una filial de Blue Marine llamada Arrendadora Ocean y a la empresa Transportación Marítima Mexicana (TMM), que provocaron un daño patrimonial de 23.5 millones de dólares a la petrolera.
Durante el sexenio de Peña Nieto, los contratos a Blue Marine y sus filiales continuaron abundando: Pemex y sus subsidiarias les otorgaron por lo menos 8 mil millones de pesos en contratos, tan solo entre 2013 y 2016; en 2013, el diario Reforma informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía abierta investigación contra la familia Juan Marcos Issa por una supuesta defraudación fiscal de mil 650 millones de pesos.
Los socios de Blue Marine crearon una filial en BVI, llamada Blue Marine Offshore Ltd, que posteriormente trasladaron a Panamá, llamada Blue Marine Offshore Ltd, S.A. En julio de 2017, la sociedad decretó una distribución de 26 millones 960 mil dólares entre Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Reynoso Durand.
Los entonces socios también fundaron las sociedades Dyad Porfolio Ltd y Almond Blossom en BVI, que utilizaron para controlar una sociedad de papel en los Países Bajos, llamada Calvi Shipping CV, la cual sirvió para prestar 28 millones 529 mil dólares a Oceanografía, de Amado Yáñez, y a filiales de Blue Marine
En paralelo, Juan Marcos Issa controlaba una sociedad de papel llamada Roulette Investments S.A. en Panamá, vinculada a una cuenta bancaria en Julius Bär, en Suiza, y Juan Reynoso Duranda controlaba la sociedad Durand Inmobiliere Inc, en BVI, con su entonces esposa, Ana Sofía Juan Marcos Cavazos –hija de Juan Marcos Issa–. En años recientes, Juan Marcos Issa y los Reynoso Durand se distanciaron; incluso existe un litigio mercantil entre ellos con fecha de este año.
En respuesta a un cuestionario, los Reynoso Durand sostienen que “todas las operaciones comerciales en las que nuestras empresas han participado son lícitas, transparentes y están registradas ante las distintas instancias legales a las que pertenecen”, aunque reconocen que “en efecto, en el pasado, hemos utilizado sociedades mercantiles en territorios distintos al que tenemos nuestra sede, para fines estrictamente comerciales y sobre todas estas hemos dado cuenta a las autoridades correspondientes”.
Transparentes, pero no sin llamar la atención: en un correo interno, un empleado del despacho Alcogal sonó la alerta ante notas de prensa negativas sobre Juan Reynoso Durand; ante ello, aconsejó “monitorear al cliente” y ya no darle el servicio de nuevas incorporaciones, ni de “nominees”.
Oro Negro
Además de ser herederos de Guillermo Cañedo de la Bárcena, un alto directivo de Televisa en los tiempos de Emilio Azcárraga Milmo, los hermanos Cañedo White –sobrinos de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox Quesada– tuvieron un pie en el sector petrolero, a través de la polémica empresa Oro Negro, que José Antonio Cañedo White fundó con su primo Gonzalo Gil White en 2009.
En los primeros años de la administración pasada, Oro Negro –entonces dirigida por Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex– obtuvo cinco contratos multimillonarios para rentar plataformas petroleras a Pemex, pero se derrumbó cuando la petrolera se los canceló; ello provocó que los inversionistas que le prestaron dinero para arrendar las perforadoras –a una empresa basada en Singapur– se quedaran con ellas, lo cual arrojó Oro Negro a un proceso mercantil en 2017.
A raíz de su caída, Oro Negro y el gobierno mexicano se lanzaron en una feroz batalla legal en 2019: en abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso una denuncia contra Oro Negro y sus directivos por un tema de evasión de impuestos; en junio de ese año, la empresa demandó a Pemex y sus bonistas en Estados Unidos por más de mil millones de dólares, acusándoles de hundirla debido a su negativa de pagar sobornos; en paralelo, interpuso una querella en la comisión de arbitraje del entonces Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
En septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión internacionales –mediante fichas rojas de Interpol—para detener a Cañedo White y Gil White, a quiénes acusa de “administración fraudulenta y abuso de confianza” por más de 750 millones de pesos.
Como parte de su defensa, Oro Negro y sus directivos –asentados en Miami– divulgaron a cuentagotas audios de conversaciones de falsos inversionistas de Medio Oriente –en realidad, empleados de la firma de investigación privada Black Cube– con exdirectivos de Pemex, en los cuáles se oía a José Carlos Pacheco Ledesma, entonces coordinador de asesores en Pemex Perforación y Servicios, confesar que toda la maquinaria de contratos de la petrolera funcionaba mediante sobornos a sus directivos, cobrados a través de familiares, prestanombres o consultoras fachadas.
Los hermanos Cañedo White –Guillermo, José Antonio, Pablo, Andrea y Mónica— controlan las sociedades New Concord Worldwide Corp y Retail Holding Limited, creadas en las BVI en 1995 y 1997, respectivamente, bajo la muy opaca figura de acciones al portador; en 2011, las acciones pasaron a nombre de los Cañedo White.
En respuesta a un cuestionario, José Luis Cañedo White subrayó: “las compañías debieron de haber sido creadas por mis padres hace más de 20 años. Desconozco su origen o su utilidad. Mis padres murieron hace muchísimos años (…) Como también te mencioné, soy residente en los Estados Unidos desde hace casi 10 años”.
Gustavo Armando Mondragón Márquez, apoderado legal de Oro Negro, también fue sujeto a la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió en abril de 2019; el hombre creó la sociedad Newhall Universal Business, Ltd en BVI en agosto de 2014; con el propósito de controlar una sociedad de Florida que a su vez sería propietaria de un bien inmobiliario.
Grupo R
José Ramiro Garza Cantú y su hijo, José Ramiro Garza Vargas, llevan décadas en el negocio petrolero mexicano. Grupo R, fundado por el tamaulipeco, ha arrendado plataformas y buques a Pemex desde los años setenta, de la mano del entonces líder sindical Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, quien fuera el Carlos Romero Deschamps de su época, con todo y escándalos de corrupción y enriquecimiento a costas de la petrolera del Estado.
Entre 2007 y 2013, dos empresas que integran Grupo R, Servicio Marítimos de Campeche e Industrial Perforadora de Campeche, recibieron condonaciones de impuestos por un monto total de 370 millones 630 mil pesos; desde principios del año, las autoridades tributarias han auditado de cerca las cuentas de Grupo R, en el marco de una renegociación de contratos con Pemex, y en mayo pasado el SAT embargó sus cuentas.
Desde 2001, Garza Cantú –también dueño del periódico La Razón– fundó en BVI la sociedad de papel Thornby Limited, a través de la cual controlaba un yate de 3 millones 165 mil dólares, y la sociedad Sarnia Yacht Limited, que tenía una embarcación más humilde, de 314 mil dólares; ambos barcos navegaban con la bandera de Guernsey.
En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, Garza Vargas afirmó que las sociedades fueron reportadas ante las autoridades mexicanas, y que recientemente vendió el yate más oneroso por apenas 150 mil dólares “debido a que sufrió daños por un huracán”.
Los nombres de José Ramiro Garza Cantú y su hijo, José Ramiro Garza Vargas, no sorprenden en los millones de documentos analizados en el marco de los Papeles de Pandora; ya en el pasado, los dueños de Grupo R, un grupo que aglutina a decenas de empresas contratistas de Pemex, aparecieron en filtraciones de documentos internos de actores de la industria offshore.
En abril de 2016, Proceso reveló cómo padre e hijo constituyeron un muy complejo entramado de sociedades de papel en Hong Kong, Bélgica, Uruguay, Portugal y Seychelles –mediante un despacho en Andorra– para rentar a Pemex tres plataformas para la exploración de petróleo en aguas profundas, por cerca de un millón de dólares al día. El contrato de una de estas plataformas, Muralla IV, fue cancelado en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Aliadas de Odebrecht
En 2014, la constructora Arendal tuvo suerte con Pemex: en julio de ese año, se asoció con Odebrecht y Techint –del multimillonario David Martínez Guzmán—y juntos ganaron el contrato de mil 200 millones de dólares para construir el gasoducto de Los Ramones II –para distribuir gas natural de Nuevo León a San Luis Potosí–, y recibió un contrato para obras en la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
La empresa, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa recibió el contrato para construir uno de los polémicos reclusorios federales privados –el de Chiapas–, supo cómo crearse una red de confianza dentro de Pemex: su dueño, Tomás Adrián García Pons, tenía una relación privilegiada con Lozoya, según correos electrónicos que reveló el columnista Mario Maldonado en El Universal.
Aparte, la organización PODER reportó en 2017 que, meses después de adjudicarse el contrato del gasoducto, Octavio Francisco Pastrana, exdirector de negocios de Grupo Arendal, se convirtió en consejero independiente de Pemex, mientras que dos exfuncionarios de Pemex involucrados en la negociación del contrato, Alejandro Martínez Sibaja y José Luis Vitagliano, pasaron a trabajar para Arendal.
En julio de 2015, Arendal dio un paso más en el negocio petrolero, cuando adquirió la empresa estadunidense Cal Dive, dedicada a las plataformas petroleras; gracias a esta adquisición, la empresa obtuvo dos contratos multimillonarios en 2018 para construir ductos en la sonda de Campeche, por montos totales de 587 millones de pesos y 91 millones de dólares, los cuales tuvieron problemas en su ejecución, como el incremento del 90% del plazo de ejecución o una suspensión temporal de 166 días.
García Pons, cofundador de Arendal, creó la sociedad Klenbar Trading Limited en BVI en 2012, con el propósito de realizar “inversiones” con base en “fondos personales”; la sociedad tuvo una cuenta en el banco panameño Credicorp Bank y en la filial en Suiza de Crédit Agricole; en un formulario bancario del banco panameño, indicó que los recursos serían enviados a “Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Kuwait, Nigeria y Hungría”.
El 24 de septiembre de 2015, la cuenta panameña recibió 1.5 millones de dólares de Arendal, y cuatro días más tarde envió estos mismos 1.5 millones de dólares a una sociedad de papel en Singapur, llamada AW Energy Advisors Pte Ltd.
En marzo de 2017, Luis Alberto de Meneses Weyll, quien fuera director superintendente de Odebrecht en México, confesó ante las autoridades brasileñas que la empresa había financiado las campañas políticas de los priistas Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y Rodolfo Torre Cantú, y en Tamaulipas, para asegurarse contratos públicos.
De acuerdo con el testimonio del exdirectivo, en Veracruz el enlace fue la empresa Constructora Ruso, que pertenece a Juan Felipe Ruiz Ortiz –ya fallecido– y su hijo, Juan Felipe Ruiz Sosa, descendientes del fallecido migrante español Valentín Ruiz Obregón, que fue conocido como «El Slim Jarocho”.
En su relato, De Meneses aseveró que, a cambio de un supuesto depósito de 500 mil dólares a la campaña de Duarte, el gobierno veracruzano hubiera otorgado al consorcio Odebrecht – Constructora Ruso el contrato por el “Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa”, de 355 millones de pesos.
Ruiz Ortiz constituyó, junto con sus hijos –incluyendo Luis Felipe Ruiz Sosa– la sociedad Urbana Consultants Limited en BVI en 2012. Cuatro años antes, había creado la sociedad panameña Elverson Services, S.A. Otra rama de la familia, encabezada por Manuel Gerardo Ruiz Ortiz, creó sus propias estructuras, llamadas Alforja Holdings Limited, que le sirvió para controlar una cuenta bancaria y un bien inmobiliario en Florida.
