Con la finalidad de llenar un vacío legal pendiente de resolver desde 2012, Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.
A nombre de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco expuso la urgencia de expedir este ordenamiento, “sobre todo después de enfrentar situaciones imprevistas y extraordinarias, como la emergencia ocasionada por la pandemia derivada del Covid-19 en donde para hacerle frente, el Ejecutivo facultó a la Secretaría de Salud a tomar decisiones por encima de los demás poderes para establecer las medidas necesarias para su contención, lo cual incluyó limitaciones a derechos fundamentales, sin la intervención de los poderes del Estado”.
La legislación relativa al estado de emergencia y la suspensión de derechos, debe corresponder “a los más altos criterios y estándares internacionales, estableciendo mecanismos de control que aseguren la protección de la Constitución y, por supuesto, de los Derechos Humanos”, afirmó.
Ortega Pacheco llamó a legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas a no postergar más su responsabilidad para reglamentar la aplicación del artículo 29 constitucional, y considerar que no se trata de responder a ningún tipo de filiación sino a una obligación constitucional.
“El horizonte de Movimiento Ciudadano está más allá de la derecha y la izquierda… Defendemos una agenda por un país de iguales y por un trato por la libertad y la democracia”, destacó.
Específicamente, la iniciativa de Ley presentada por la legisladora naranja establece un catálogo de derechos que no pueden ser suspendidos, así como un tratamiento especial para el derecho a la libertad de expresión y prensa, por su importancia para la difusión de información relacionada con el estado de emergencia; prohíbe expresamente que la ley pueda ser reformada durante la emergencia para otorgar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía y prevé protecciones en favor de la división de poderes, garantizando su independencia y equilibrio, lo que tiene su mejor expresión en el control de constitucionalidad y convencionalidad establecido para nuestro máximo tribunal.
Contempla que el principio de publicidad previsto internacionalmente no sólo se agote con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, sino que efectivamente se garantice su conocimiento por parte de toda la población.
Asimismo, señala la obligación de rendir cuentas del resultado de las acciones tomadas durante el estado de emergencia, así como la remisión del informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes podrán realizar recomendaciones.
La legisladora Naranja expresó que, en suma, el objeto de la propuesta de Movimiento Ciudadano “es proteger los Derechos Humanos y el principio pro persona, en los términos que lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia”
“Hoy vivimos tiempos turbios en los que prevalece la opacidad sobre la transparencia, el autoritarismo sobre el diálogo y los insultos sobre los acuerdos. La Bancada Naranja no está en esa lógica, por eso, ponemos a las personas al centro y sus derechos al frente. Esa es nuestra agenda y nuestro compromiso, eso es lo que llegamos a defender y por lo que vamos a pelear, concluyó.
