El día de ayer estuvo en México la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm.
Algunos apostaban a que el gobierno norteamericano, a través de la funcionaria, adoptara una actitud militante en contra de la reforma en materia energética promovida por el presidente López Obrador.
La secretaria tuvo reuniones privadas. No sabemos, por lo pronto, qué fue lo que expresó.
Mi impresión personal, sin embargo, es que el gobierno del presidente Biden no desarrollará una actitud activa en contra de la reforma eléctrica propuesta por AMLO.
Por un lado, las inversiones en el sector eléctrico de empresas norteamericanas son relativamente pequeñas si se les compara con las realizadas por las de empresas españolas o asiáticas.
No son insignificantes, desde luego, pero no son las principales en el sector.
Además el presidente Biden, como le hemos comentado con frecuencia en este espacio, depende del gobierno mexicano en aspectos que son mucho más prioritarios para él, como el tema migratorio.
No obstante, el gobierno de Biden debe asumir una actitud que lo legitime ante sus electores exigiendo al gobierno mexicano mayores compromisos respecto al cambio climático y al desarrollo de energías renovables.
Pero no va a hacer mucho más que salvar ese compromiso.
Si se observa la estructura de la inversión energética, particularmente eléctrica, la inversión española ocupa un lugar proponderante.
No es casualidad que el presidente López Obrador haya desarrollado un discurso claramente antiespañol.
En esta misma semana refirió a las inversiones españolas como si fueran “una reconquista”.
Pese a la agresividad del discurso presidencial en contra de España, las normas diplomáticas han determinado que hasta ahora el gobierno español haya adoptado una actitud muy prudente.
Sin embargo, creo que si la reforma eléctrica se convirtiera en algo efectivo, el gobierno del presidente Pedro Sánchez sería uno de los más activos cuestionando las acciones de México.
En contraste, la preocupación de Estados Unidos, en círculos que van más allá de los relativos al sector eléctrico, tendrían que ver más con la confianza de las inversiones en lo general.
Una reforma eléctrica en los términos propuestos por la iniciativa presidencial significaría un golpe fundamental a la confianza de todas las inversiones, extranjeras y nacionales, por la ruptura de los contratos establecidos.
No todos los empresarios cuestionarían el hecho. Un grupo de los más cercanos al régimen seguiría respaldando al presidente.
Pero ni remotamente compensarían la desconfianza masiva que habría de generarse a partir de un cambio legal que ignorara derechos adquiridos y compromisos de gobiernos anteriores.
Pero, en el sector eléctrico en específico, la pregunta petinente es la que encabeza este artículo: ¿Y qué dice el rey Felipe?
Quizás a López Obrador le tenga sin cuidado esa opinión.
Pero debe considerar que el Estado español podría ser el más afectado por la propuesta de reforma que está planteando.
Y el jefe de Estado, el rey, eventualmente podría adoptar una actitud crítica hacia el gobierno mexicano.
La relaciones con España son vastas y diversas; por lo mismo, las consecuencias pueden ser incalculables.
Falta mucho aún para conocer el desenlace de este proceso, pero se trata probablemente de una disyuntiva de carácter medular para las inversiones en México.
