La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el comunicado firmado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 17 gobernadores más en el que expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las campañas en su contra.
Advirtió que el manifiesto publicado desde el 13 de febrero pasado “se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza”, considerado propaganda gubernamental prohibida, desde el 4 de este mes y hasta el 10 de abril, en el marco del proceso de revocación de mandato.
Ante ello, acordó ayer ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo local de la Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas que de inmediato realizaran las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.
La Comisión tomó esa determinación tras discutir la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los 17 gobernadores, el cual solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. Dicho grupo político también pidió se dictara tutela preventiva para que los denunciados se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro, pero ésta fue declarada improcedente.
Exhorto a ajustar acciones a la legislación
Por otra parte, la comisión emitió un pronunciamiento dirigido a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, “para que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”, con el fin de respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, y “la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.
Para tal efecto, advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de revocación de mandato.
