Los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Yucatán que representan el primer contacto para la resolución de los conflictos entre los ciudadanos y ciudadanas concluyeron el año pasado 26,252 asuntos en todas las materias: familiar, civil, mercantil y penal incluyendo el sistema especializado para adolescentes; mientras que en segunda instancia, que recibe las apelaciones sobre decisiones de primera instancia, los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, en sus diferentes salas especializadas concluyeron 1,954 asuntos.
Así lo informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Ricardo Ávila Heredia, al rendir el Informe Anual de Labores del Poder Judicial del Estado correspondiente al año 2021, aprobado por el Tribunal Superior de Justicia en Sesión Extraordinaria con carácter de Solemne, el día de hoy.
En su informe, el Magistrado enfatizó que en su cuenta pública y en la transparencia de sus procesos de adquisiciones, el Poder Judicial del Estado ha actuado siempre con profesionalismo, responsabilidad, austeridad y legalidad en el ejercicio del presupuesto asignado, como lo confirman las instancias fiscalizadoras del Estado y sus propios procesos.
Expuso que, conforme las condiciones sanitarias lo permitieron, se fueron regularizando en 2021, de manera progresiva, todas las actividades de los tribunales del Poder Judicial, con miras a la recuperación plena de sus responsabilidades, que, a la fecha, funcionan con regularidad.
Detalló que durante 2021, en primera instancia se iniciaron en total 25,181 asuntos y se concluyeron 26,252, cifra que incluye asuntos iniciados en años previos. El 34.4% de los asuntos iniciados fue del ámbito familiar; 30% de asuntos que iniciaron en los juzgados mixtos (es decir los 9 juzgados que se ubican fuera de Mérida) y 19% fueron de la materia mercantil.
Por su parte, de los asuntos iniciados en segunda instancia, 61.45% fueron para la sala colegiada civil y familiar; 15.5% para la sala colegiada penal y mercantil y 9.7% para la sala colegiada penal y civil.
El magistrado Ávila Heredia dijo que, ante esta dinámica en la demanda de los servicios de impartición de justicia, y dada la situación que generó la pandemia y que obligó al Poder Judicial a tomar medidas que salvaguardaran la salud de sus usuarios y colaboradores, la institución, en la medida de su presupuesto autorizado, siguió acelerando el ritmo para abatir rezagos y para enfrentar nuevos retos, como la entrada en vigor de las reformas en materia de justicia laboral y la instalación del sistema jurisdiccional respectivo, así como el diseño e implementación de nuevas herramientas tecnológicas que dieran seguimiento al proyecto de justicia digital.
“Un ejemplo de estas mejoras que impulsa el propio Poder Judicial es la iniciativa de reformas a su ley orgánica, la cual se hizo llegar al Congreso del Estado y fue aprobada en 2021, y que nos permitió realizar algunos ajustes en la conformación de los órganos jurisdiccionales para poder hacer más eficiente la distribución del trabajo y garantizar así la perspectiva de género, entre otros temas”, añadió.
El magistrado dijo también que el Poder Judicial continúa ejerciendo un rol proactivo de cara a la sociedad, de forma transparente y con el compromiso de sus colaboradores, en el marco de sus posibilidades presupuestarias.
“En materia de transparencia y acceso a la información, la prevención de actos de corrupción y la rendición de cuentas, sostenemos el compromiso de cumplir cabalmente con nuestras obligaciones y responsabilidades y, como lo he dicho en ocasiones anteriores, ir más allá de lo que marca la ley para constituirnos en un poder público abierto e incluyente”, aseveró.
Para dar cuenta de esta afirmación, el magistrado Ávila Heredia recordó que todos los procesos de adquisiciones se realizan de manera abierta, con la participación de los miembros que conforman el Comité respectivo de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública; proceso en el que se continua revisando que los interesados en participar cumplan con todos los requisitos, y se manifieste la ausencia de cualquier conflicto de interés; y con invitación a cámaras empresariales, colegios de profesionales u otras organizaciones y público en general, que tengan interés en asistir, para atestiguar dichos procesos de adquisición
En lo que respecta a la cuenta pública, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, enfatizó que en el ejercicio fiscal que se informa, entregado en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, esta instancia no tuvo mayores observaciones a la misma, lo que habla del profesionalismo, responsabilidad, austeridad y legalidad en el ejercicio del presupuesto del Poder Judicial.
En lo que respecta a la información pública por mandato de ley, las unidades respectivas, tanto del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, recibieron 582 solicitudes por parte de los ciudadanos, las cuales se atendieron al 100%.
El magistrado informó que, de cara a la sociedad, en 2021 el Consejo de la Judicatura retomó el programa de Mesas de Atención Ciudadana, que tiene como objetivo la escucha ciudadana y de personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos, a efecto de detectar áreas de mejora para una mayor eficiencia de la administración de justicia; y aunque permanecieron las restricciones conocidas a consecuencia de la pandemia, se lograron realizar en una modalidad híbrida en los Juzgados Sexto y Séptimo de Oralidad Familiar en Mérida, y en los Juzgados Mixtos y de Control ubicados en el municipio de Progreso.
Inclusive, dijo, en estas circunstancias de austeridad presupuestal y pandemia en 2021, el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia, recibió de nuevo la certificación en el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles que otorga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, organismo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por el cumplimiento de los estándares requeridos para la correcta implementación de los juicios orales mercantiles, a través de acciones de mejora regulatoria para asegurar una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en la materia.
En contraste, el Poder Judicial considera necesario –y ha presentado las solicitudes presupuestales pertinentes– para reforzar los nueve juzgados mixtos que atienden asuntos en el interior del estado con mayor personal e, incluso, para prever la creación de otros de este tipo en municipios que se encuentren más alejados de la capital, con la finalidad de garantizar un mayor acceso a la justicia.
“No quitaremos el dedo del renglón para este fin”, dijo el magistrado Ávila Heredia.
Ávila Heredia mencionó que durante 2021 el Poder Judicial solicitó una auditoria externa sobre los servicios y atención del Centro Estatal de Solución de Controversias (Centro de Mediación) que se tradujo satisfactoriamente en el refrendo del certificado de cumplimiento de estándares de calidad de las normas ISO.
Finalmente, informó que en diciembre de 2021 el Pleno del Tribunal Superior de Justicia autorizó convenio específico con el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, con la finalidad de que éste, aprovechando su capacidad técnica especializada, realice los procedimientos de adjudicación, contratación, ejecución y supervisión de los trabajos correspondientes al mantenimiento y conservación de la estructura y cubierta del recinto de este Tribunal, obra a la que se asignaron poco más de 13 millones de pesos de recursos propios y que comenzó a finales de año y sigue su curso en la actualidad.
