Todavía no se disipan los fantasmas de Badiraguato y del Triángulo Dorado que empezaron a seguir al Presidente Andrés Manuel López Obrador desde principios de junio luego de su más reciente y accidentada visita a esa zona de la sierra sinaloense, cuna del cártel de Sinaloa, y que le trajeron como nunca graves señalamientos de su presunta colusión con las mafias de sus detractores.
En medio de su rechazo a esas versiones y a la defensa de su modelo de seguridad, a todas luces sin dar los resultados esperados, la tarde del lunes sobrevino el brutal asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, cuando un individuo se quiso refugiar en la parroquia de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, en Chihuahua.
Ambos religiosos llevaban muchos años de labor pastoral y eran muy cercanos a la comunidad donde por cariño los llamaban el padre “Gallo” y el padre “Morita”. En el mismo ataque murió el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, quien habría sido levantado de un hotel cercano con otros turistas, sin que hasta al momento haya versiones oficiales definitivas.
Este triple homicidio de alto impacto coincidió además con el reporte de la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, donde se reconoció que de abril a mayo pasados, los homicidios dolosos se incrementaron 10.9 por ciento. Pero lo más grave, es que con esta escalada de violencia, se llegó a 121 mil 642 asesinatos que superan ya los 120 mil 463 ocurridos en todo el sexenio del panista Felipe Calderón, a quien López Obrador continuamente culpa de la crisis de seguridad y violencia que padece el país, aunque los meses más violentos y con mayor número de homicidios se han dado en lo que va del actual sexenio.
La agresión a los sacerdotes jesuitas se atribuye a José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, líder del grupo criminal que opera en la Sierra Tarahumara, que se suma a la larga lista de territorios bajo control del crimen organizado y por lo cual el gobierno de Estados Unidos emitió la alerta a viajeros que abarca 23 entidades de la República, la más grande de la historia.
Aunque México está catalogado como uno de los países donde más sacerdotes son atacados por los grupos delincuenciales, este nuevo episodio de violencia tendrá sin duda efectos en la relación del gobierno de la 4T, no sólo con la Compañía de Jesús sino con toda la Iglesia Católica que ayer condenó el hecho y respaldó la exigencia de los jesuitas en México, de que los cuerpos de los sacerdotes asesinados sean devueltos.
Habrá que ver por ello si este nuevo punto de inflexión hace reaccionar al Presidente, y lo mueve de su postura de no revisar su política de los abrazos y no balazos, que evidentemente no funciona y urge modificar, para disipar las versiones de complicidad con las mafias por el fracaso de la 4T en su combate.
