Dos jueces federales han impuesto 13 multas a la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y al comandante en jefe de la Guardia nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, por desacatar de manera reiterada un amparo tramitado por uno de sus agentes a quien, entre otras irregularidades, no le han pagado el sueldo que por ley le corresponde.
El monto de las multas impuestas a los dos altos funcionarios, así como a un directivo de Recursos Humanos de la GN ascienden, hasta ahora, a más de 182 mil pesos, cifra que podría incrementarse debido a que el agente afectado continúa sin recibir los apoyos que según los jueces le corresponden.
Este es uno de los casos más adelantados de maltratos o irregularidades denunciados por agentes federales, pero no es un hecho aislado.
Este medio publicó que son ya más de 950 juicios de amparo los que elementos de la GN y expolicías federales han promovido por abusos en la institución. En las últimas semanas se han difundido videos que denuncian las malas condiciones en que trabajan los elementos de la corporación.
Animal Político solicitó más información a la Secretaría de Protección Ciudadana y a la GN sobre multas en juicios de amparo o por qué no han pagado la de este caso, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.
Las multas
De acuerdo con resoluciones del expediente judicial 70/2021, el comandante de la GN y el director de Recursos Humanos tienen al menos seis multas por más de 9 mil 600 pesos, y dos por 4 mil 800 cada uno.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez tiene al menos cuatro por más de 9 mil 600 pesos y una por 4,800 pesos, según datos de los acuerdos del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Las multas más recientes se impusieron en abril, y hasta el 11 de julio no se habían pagado, pues los funcionarios se negaron a proporcionar datos como su RFC, CURP, dirección y fecha de nacimiento.
“Dicha autoridad refirió que la información requerida es reservada, que se integra por datos personales que únicamente le conciernen a los particulares, por lo que existe imposibilidad jurídica para atender dicho requerimiento”, es la respuesta del representante legal de la GN, publicada en un acuerdo el pasado 11 de julio en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Tras la respuesta de Luis Rodríguez Bucio y la secretaria de Seguridad, la jueza Celina Angélica Quintero Rico solicitó a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que les cobre la multa en su lugar de trabajo.
Alejandro Candanosa, representante legal del expolicía federal, dijo que la GN no ha cumplido con el sueldo de dos años y medio de su cliente.
“Se la pasaban pidiendo prórrogas, argumentando que estaban tramitando que Hacienda autorizará el presupuesto. Pidieron siete prórrogas a pesar de las peticiones del juez. El juez los amenazó en multarlos y darle vista al Ministerio Público, cosa que pasó. Pero siguen sin atender”, dijo el abogado del afectado.
De acuerdo con el defensor, el juez puede destituir a los funcionarios que no acaten una orden, pero ninguno de los jueces ha tomado esa decisión.
“A la autoridad no le ha importado nada la sentencias que emite el juzgado, incluso a nivel colegiado”, dijo el abogado en entrevista con Animal Político.
El agente afectado explicó que en febrero de 2022 le quitaron su cargo sin avisarle y se convirtió en agente de la Guardia Nacional, pasando de un sueldo de más de 86 mil pesos a uno de 23 mil pesos mensuales.
“Mi cliente con su cargo podía aspirar a tener un puesto mejor, una dirección o subdirección, pero con la llegada de este gobierno quitaron todos los cargos de forma ilegal, porque para que puedan quitar un cargo debe haber una orden o una instrucción por parte del comandante de la Guardia Nacional, pero esto no pasó aquí. En febrero de 2020 a todos les quitaron su cargo. De una quincena a otra les dejaron de pagar lo que antes ganaban”, detalló el abogado Candanosa.
Este juicio de amparo duró dos años y medio; sin embargo, el juez falló en contra. Pero este caso no es aislado, si bien los jueces federales han aceptado recibir las demandas y estudiar los amparos, al final, la gran mayoría no aceptan las suspensiones.
De acuerdo con el abogado del caso, existen juicios de amparo similares donde hay multas para los titulares de las instituciones. Sin embargo, no se sabe de dónde surgirán los recursos para pagarlas.
Quejas en ascenso
Este juicio de amparo es uno de los 965 que han promovido agentes de la GN y expolicías federales por presuntas violaciones a sus derechos fundamentales.
Las quejas van desde actos de discriminación, hasta falta de pagos e indemnizaciones, disminución de sueldos, cambios de adscripción sin previo aviso e incluso ordenes de trabajar en pandemia de COVID pese a ser población vulnerable.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, los primeros juicios de amparo se presentaron en 2019 por expolicías federales quienes acusaron que no se les indemnizó adecuadamente cuando dicha institución se convirtió en la Guardia Nacional.
Pero a partir de ahí las quejas promovidas por los guardias se han diversificado e incrementado, como revela un oficio interno al que también tuvo acceso este medio.
En los últimos meses, los afectados han decidido exhibir sus quejas no solo en tribunales, sino en redes sociales. Por ejemplo, el pasado 15 de julio se difundió un video en el que se denuncian las condiciones “denigrantes” en que labora un grupo de elementos comisionados a Acapulco, Guerrero.
En las imágenes se advierte a los elementos durmiendo en el suelo de un estacionamiento, donde incluso hay cubetas colocadas para atrapar el agua de las goteras que caen del techo.
Tras la difusión del video, la Guardia Nacional emitió un comunicado en respuesta donde aseguró que se trabajaría en corregir esta situación.
Pero las protestas y denuncias han continuado. En mensajes en whatsapp y grupos en Facebook, los agentes reportan que carecen de baños limpios y que la comida que les dan frecuentemente parece no estar en condiciones higiénicas suficientes.
A estas situaciones se suman otros problemas como la falta de capacitación.
Por ejemplo, militares de la Secretaría de Marina que están comisionados a la Guardia Nacional para cumplir con tareas de policías, han señalado que los cursos que les dieron se quedaron cortos y desconocen como aplicar infracciones en vías federales de manera adecuada.
