El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la carta que firmó junto con Luis Arce y Gustavo Petro fue idea del presidente Alberto Fernández.
“Fue una propuesta del presidente de Argentina, Fernández, y estuve de acuerdo, me mandó la carta y estoy de acuerdo porque considero que no se debe usar la impartición de justicia con propósitos políticos, no se le puede impedir a nadie que participe en política ser candidato o candidata sólo porque se fabrica un supuesto delito”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.
Ayer, miércoles, el presidente de Argentina, Alberto Fernández emitió una carta en redes sociales, firmada por López Obrador, además del presidente Gustavo Petro, de Colombia y Luis Arce, de Bolivia, donde se sostienen que la Justicia busca apartar a la vicepresidenta “de la vida pública, política y electoral”
En una llamada urgente, la portavoz del gobierno argentino, Gabriela Cerruti, llamó la lectura de un comunicado que publicó en su redes sociales el presidente Alberto Fernández, cabe destacar que la conferencia duró apenas dos minutos y cuarenta segundos.
Los mandatarios calificaron como una «persecución judicial» en su contra y manifestaron su «más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo» Cristina Fernández, para quien un fiscal pidió el pasado lunes una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
La carta asegura que existe una “injustificable persecución judicial” en contra de Kirchner, luego que el fiscal federal argentino Diego Luciani dictará la polémica sentencia y la limitara a no ejercer más cargos públicos en su vida, al considerarla jefa de un grupo delictivo que controló obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz.
«El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales», afirma el comunicado.
Los presidentes firmantes señalaron que en los últimos años «el poder judicial ha abierto numerosas causas» en contra de Cristina Fernández, «muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido», mientras que en otras causas aún abiertas «se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política».
Entre estas investigaciones, apuntaron, está la denominada «causa Vialidad», por la que la exmandataria es sometida a juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.
Fiscalía pide 12 años de prisión
El pasado lunes, en su alegato final, el fiscal que interviene en este juicio, Diego Luciani, pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
El fiscal considera que está probado que Cristina Fernández fue la «jefa» de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.
La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones al hacer una comparecencia pública el martes, luego de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
Para los presidentes firmantes del comunicado, el tribunal vulneró el legítimo derecho a la defensa de Fernández.
«Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos», añade la declaración conjunta.
La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Fernández podría apelar la sentencia a tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final.
