Nada más importante para una familia y para la sociedad entera que la salud de sus integrantes. Sin ella, lo demás pierde sentido. Por eso es necesario insistir en el análisis de los datos oficiales recientes sobre la realidad mexicana en salud. Es un tema que debería estar en el centro de toda deliberación pública constructiva.
Se ha puesto énfasis, con razón, en que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) evidenció un drástico aumento de la población con carencia en servicios de salud, hasta afectar a 50 millones de personas, o sea, a cuatro de cada diez habitantes.
Pero no menos relevante es que, contra lo que pregona el gobierno, entre 2018 y 2022 se contrajo la capacidad de atención de los servicios públicos de salud y se favoreció la cobertura de los servicios privados.
En 2018, las personas que presentaron problemas de salud y fueron atendidas en México alcanzaron 44.9 millones, la mitad por instituciones públicas (22.4 millones, 49.8 por ciento), y la otra mitad por el sector privado (22.5 millones, 50.2 por ciento). A cuatro años de gobierno, las personas atendidas sumaron 49.3 millones, lo cual en sí no estaría mal: crece el número de personas que acude a servicios médicos.
El drama radica en que para 2022 los servicios públicos atendieron solo a 18.2 millones, esto es, la cobertura de la salud pública efectiva disminuyó en 4.2 millones de personas, una caída de 19 por ciento. Eso ocurrió en un año aun con pandemia Covid-19, cuando la gente requería de más cuidados de salud, pero la atención pública fue menor.
Esta reducción se dio, sobre todo, en los centros de la Secretaría de Salud, que atendieron en 2022 a 2.8 millones de personas menos que cuatro años antes (una caída de 37 por ciento). Los hospitales de esa Secretaría disminuyeron su atención en 1.3 millones de pacientes (42 por ciento menos). Así, el gobierno federal descuidó a cuatro millones de personas que antes sí recibía directamente (38 por ciento menos). Eso es reflejo de la destrucción de capacidades institucionales previas existentes, del daño inmerecido a la población necesitada. La solución, por cierto, no vendrá con el IMSS-Bienestar, que en 2022 apenas logró cubrir el 3.0 por ciento de las consultas del sector público.
Mientras tanto, la atención en el sector privado se disparó con este gobierno en 8.6 millones de personas, hasta alcanzar 31.6 millones (38 por ciento más). Los consultorios y hospitales privados recibieron en 2022 a 17.4 millones de personas, 4.5 millones más que en 2018, un aumento de 35 por ciento. Los consultorios adyacentes a farmacias pasaron de atender 8.6 a 12.6 millones, cuatro millones más (los mismos que desatendió la Secretaría de Salud), un crecimiento de 47 por ciento. Ese es un negocio pujante: atención médica de baja calidad a la población con más carencias. Salud pobre, y privada, para los pobres.
Si las personas que enferman se atienden en términos absolutos y relativos más en los servicios particulares, necesariamente estamos ante una mayor privatización de la salud: es el populismo neoliberal.
Y claro, si aquí mandan las reglas del mercado, cuando crece la demanda por servicios privados ante el declive de la atención pública, entonces aumentan los precios. De ello da cuenta la periodista Ivette Saldaña en El Universal (19/08/23) con cifras del INEGI: los precios del sector privado subieron 6.1 por ciento anual en julio pasado, el mayor incremento en 20 años, y se encarecieron aún más la hospitalización general (7.6 por ciento) y la atención al embarazo (7.2 por ciento). El alza en el costo de la salud privada acumula 24 por ciento desde el inicio del sexenio, más que en el mismo lapso de los dos gobiernos previos.
La Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de INEGI relevó que el gasto en salud aumentó 30.9 por ciento entre 2018 y 2022, mucho más que el ingreso (4.6 por ciento). Ello tiene repercusiones sobre el endeudamiento de las familias. Juan Luis Ramos informa en El Sol de México (16/08/23), con datos de Banco de México, que el pago con tarjetas de crédito subió 84.5 por ciento en consultas médicas privadas y 39.3 por ciento en hospitales en esos cuatro años. Con crédito en plástico, las familias desembolsaron el año pasado 73 mil millones de pesos, 74 por ciento más que en 2018.
En México la salud se vuelve cada vez más una mercancía que se intercambia en el mercado, a precios y costos mayores, y menos un derecho universal de acceso para todos, como manda la Constitución. Nada que celebrar en términos de bienestar y equidad. Sobre ello, ¿tendrán algo que decir y proponer quienes ya se aprestan a la disputa por el poder?
El autor es economista, profesor de la UNAM.
