A unas horas de iniciado formalmente el proceso electoral federal se suman más datos preocupantes.
El jueves pasado el INE dio por iniciado el proceso electoral federal que nos llevará a las elecciones del 2 de junio del 2024. Al día siguiente presenciamos una sesión del Consejo General en la que se hicieron públicas importantes diferencias entre las y los consejeros electorales en temas cruciales como la integración de las comisiones de ese órgano colegiado.
La cuestión no es menor. El Consejo General del INE trabaja a través de comisiones que son los puentes entre ese máximo órgano de decisión y las áreas operativas de la institución, de manera tal que la gran mayoría de los acuerdos que se llevan al Consejo cuentan con el soporte técnico necesario para la adecuada ejecución de las tareas.
En particular, las diferencias más relevantes fueron en torno a la integración de tres comisiones que son fundamentales para el arbitraje, la fiscalización y la organización de las elecciones.
Me refiero en primera instancia a la Comisión de Quejas y Denuncias, que juega un papel central en el arbitraje electoral, ya que, si bien las quejas son finalmente resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta comisión tiene facultades para emitir medidas cautelares en tanto se resuelve el fondo de algún asunto y con esto evitar que haya daños irreparables en la contienda electoral, particularmente por lo que hace a la equidad necesaria entre contendientes.
La otra comisión en disputa fue la de Fiscalización, cuya tarea es presentarle al Consejo General proyectos de resolución sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y las candidaturas, es decir, conocer cuál es el origen y el monto de los ingresos que se utilizan para las diversas actividades que realizan, centralmente aquellos destinados a las precampañas y campañas.
Esto tiene que ver con la transparencia necesaria para garantizar que los recursos utilizados en una campaña sean de origen lícito, y en la cuantía permitida por la ley y puede tener como consecuencia el retiro de una precandidatura, de una candidatura o incluso revertir un resultado si se violan las reglas de los recursos económicos utilizados.
La tercera comisión motivo del diferendo fue la de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, es decir, nada más y nada menos que el órgano auxiliar del Consejo General que tiene la compleja tarea de garantizar la coordinación entre el INE y los institutos electorales de las 32 entidades federativas para que la organización de los comicios se lleve a cabo como está previsto en la Constitución y en la ley después de la reforma electoral de 2014.
Sin duda, estas tres comisiones, junto con la llamada Comisiones Unidas que integra las tareas de Capacitación y Organización Electoral, son las cuatro comisiones cruciales para garantizar la exitosa organización de las elecciones.
La deliberación al respecto dejó ver no solo desavenencias entre las y los consejeros, lo cual en sí mismo no está mal, sino que evidenció que no se lograron los acuerdos necesarios antes de llegar a la sesión pública y mostró un órgano dividido en torno a cuestiones fundamentales, lo cual no es una buena señal.
Pero, además, dio lugar a que los representantes de los partidos políticos se inmiscuyeran en una decisión que está en el corazón de la autogestión del órgano autónomo e hicieran pronunciamientos descalificando a algunos miembros del Consejo. En particular, los representantes de Morena hablaron de un bloque de consejeros y consejeras que están bloqueando la operación del “nuevo INE”.
Mal inicio del proceso electoral cuando el árbitro debería aparecer unido ante la ciudadanía y los sujetos regulados, es decir, frente a partidos políticos, candidatas, candidatos, gobiernos, etcétera, porque esto significa que tiene la solvencia para dirimir las diferencias entre los actores políticos y sancionarlos en caso de que incumplan con las normas establecidas.
Finalmente, el Consejo General del INE sesionó nuevamente el sábado y se integraron por unanimidad todas las comisiones. Enhorabuena, esperemos que el episodio del viernes pase a formar parte del anecdotario y no sea el patrón de conducta de la actuación del árbitro durante el proceso electoral. Más aún, cuando los retos que tendrán por delante van a requerir, además de dominio y calidad técnica, de fortaleza, integridad, credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía y los actores.
Lo anterior adquiere mayor relevancia, ya que el camino a recorrer será empedrado y cuesta arriba. Para empezar, se avecina un periodo que calificaría de pantanoso, ya que el árbitro tendrá que ejercer toda su autoridad para poner orden y garantizar condiciones para una contienda equitativa en un lapso de al menos dos meses en el que no está previsto el despliegue de campañas, por lo tanto, de llamados al voto y la presentación de propuestas de gobierno y menos aún el despliegue de actos publicitarios.
Por el bien del país y de nuestra democracia, los resultados electorales deben ser inobjetables y por lo mismo deben expresar cabalmente la voluntad ciudadana. Para ello necesitamos instituciones electorales sólidas, un INE y un TEPJF confiables para organizar las elecciones conforme a las reglas y que tengan la equidistancia ante todos los actores políticos para ejercer el arbitraje que finalmente legitime el resultado cualquiera que este sea.
El INE y TEPJF requieren del respaldo ciudadano para hacer su trabajo y a la par la exigencia y vigilancia para que lo hagan acorde a su nivel de responsabilidad, en buena medida de eso dependerá la estabilidad política.
POSDATA: Esperemos que las agrias diferencias entre los militantes del bloque gobernante respecto del procedimiento seguido para la selección de su coordinadora no sea un presagio de lo que nos pueda esperar para los meses venideros.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
