Décadas de transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates –que se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos– han derivado en un poder político que no sólo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que sus monopolios les garantizan, exhibe un nuevo informe de Oxfam México.
Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de México y de América Latina, han visto crecer su fortuna en 70 por ciento desde 2020, beneficiados por el poder económico y político que les dan sus monopolios. Su patrimonio, que creció 58 y 125 por ciento, respectivamente, desde la pandemia equivale al de 334 millones de mexicanos, se ha enquistado en una economía donde más de 9 millones viven al día sin la certidumbre de poder comer al día siguiente.
Oxfam destaca que “en los últimos años ha habido avances en la política social y salarial, que han mejorado la distribución del ingreso especialmente para las personas trabajadoras formales”. Se ha visto en la reducción de 41.9 a 36.3 por ciento de las población en pobreza multidimensional y en el incremento real de 65.2 por ciento en el salario mínimo hasta 2022. “Sin embargo, esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultrarricos”.
“Un sistema legal y tributario hecho a modo para incrementar sus fortunas de manera desproporcionada”, el cual no ha sido desmontado por ninguna de las administraciones en turno, permite que 14 ultrarricos acaparen 8 por ciento de la riqueza de México, equivalente a casi 180 mil millones de dólares; sólo Carlos Slim posee 4 por ciento.
Fuera de esa cúpula hay otra más. Las 294 mil personas más ricas del país –asignadas a este grupo dado que poseen más de un millón de dólares– acumulan 60 por ciento de la riqueza de México; es decir, 0.2 por ciento de la población posee 6 de cada 10 pesos de riqueza en un país donde 46.8 millones de personas viven en pobreza.
“La extrema desigualdad que hoy vivimos es resultado de transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates durante las últimas cuatro décadas. 11 de las 14 personas ultrarricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno”, reporta Oxfam.
Los primeros ejemplos se encuentran con Carlos Slim con Telmex, Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca, Germán Larrea con Ferrocarriles de México y Roberto Hernández en el sector bancario, reporta el informe. “De hecho, las empresas de Carlos Slim tienen concesiones en todos los sectores en los que la Constitución mexicana lo permite”, acota.
Once de esos 14 ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado, enfatiza el informe.
Esto también les ha permitido hacer más pobres al resto de la población. Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 –impulsados por la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania que encarecieron los costos de producción– los precios generales en México incrementaron 6.5 por ciento, el mayor aumento aumento en el costo de vida en las últimas dos décadas.
Sin embargo, explica el informe, cuando los costos de producción volvieron a bajar, los precios no lo hicieron, debido que los ultrarricos usaron sus monopolios y oligopolios no regulados para mantener los precios altos. De hecho, 60 por ciento del incremento de precios del periodo fue capturado por ganancias de las empresas.
Se explica, en parte, porque en México uno de cada cinco pesos del valor agregado del sector privado se destina a los dividendos, el doble que en Alemania o Brasil; y 93 por ciento de los activos físicos está en posesión de apenas 10 por ciento de las empresas, expone el informe.
“Este poder económico se traduce además en poder político, que les permite influir en las reglas del juego de su relación con el Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nuestras reglas del juego parecen tratar por igual a actores muy desiguales”, explica Oxfam.
En este contexto, “el Estado debe revitalizar su papel en la economía” para que las personas ganen más en su día a día, que paguen menos por lo que consumen, que exista un sistema que haga del cuidado una elección, que la riqueza sea para quien la trabaja y que pague y repare quien más contamina. “Sí hay de otra: la economía es política”, enfatiza.
