El futuro de Julian Assange será sometido de nuevo a debate la próxima semana en Reino Unido, en unas vistas que pueden representar la última oportunidad del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde está imputado por la filtración masiva de documentos secretos.
Assange fue detenido en Reino Unido en abril de 2019, después de casi siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en dicho consulado para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.
El gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior, que ha fijado sendas vistas para el 20 y el 21 de febrero.
Del desenlace de este nuevo capítulo dependerá que Assange pueda tener nuevas oportunidades de defender su caso ante la justicia británica o que el proceso se eleve hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su entorno ha relanzado en estos últimos días la campaña para pedir su liberación, convocando incluso protestas en distintas ciudades.
El Parlamento de Australia reclamó el pasado miércoles a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido la liberación del programador para que pueda regresar a su país de origen, en una resolución que contó entre sus defensores con la voz del primer ministro Anthony Albanese.
El Reino Unido, sin embargo, se ha puesto de perfil estos últimos años y, más allá del visto bueno a la extradición, ha dejado el futuro de Assange en manos de los tribunales, en un aparente intento por esquivar polémicas políticas o de poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos.
Sobre Assange, que según sus abogados ha sufrido un drástico empeoramiento de su salud física y mental en estos últimos años, pesa una batería de cargos por violar la Ley de Espionaje estadunidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad. Varias ONG, como Amnistía Internacional, temen por su propia seguridad, pero también por el “efecto disuasorio” que una condena supondría para la prensa en todo el mundo.
“En el banquillo no sólo se sienta Assange»
La experta en lucha contra el terrorismo y justicia penal Julia Hall opinó que “la seguridad de editores y periodistas de investigación de todo el mundo pende de un hilo. Si se envía a Julian Assange a Estados Unidos y se le procesa allí, también se someterán a juicio las libertades de prensa”, declaró, antes de pedir a las autoridades norteamericanas que retiren todos los cargos y a las británicas que pongan fin a una “detención arbitraria”.
«En el banquillo no se sienta sólo Julian Assange. Al silenciar a Assange, se amordazará a otras personas», expresó Hall.
Una de las muestras más polémicas de apoyo en estos últimos días la protagonizó el artista Andrei Molodkin, que asegura haber reunido 16 obras de arte, entre las que habría cuadros de Picasso, Rembrandt y Andy Warhol, con vistas a rociarlos con ácido si Assange muere en prisión.
En total, estas piezas estarían valoradas en más de 45 millones de dólares y se encuentran en una caja fuerte, a la espera de cómo se resuelva la situación del fundador de Wikileaks, informó Sky News.
Entre quienes han apoyado su iniciativa figura la mujer de Assange, Stella.
