La Cámara de Diputados aprobó hoy la reforma al artículo 28 constitucional mediante la cual se impulsará el uso de las vías férreas para el transporte de pasajeros, y aunque la iniciativa recibió el aval de todos los grupos parlamentarios, la oposición exigió que las próximas rutas de ferrocarril sean construidas sin repetir los sobrecostos y daños al medio ambiente que, acusaron, implicó el Tren Maya.
Luego de un debate que se extendió por seis horas, el proyecto fue aprobado por unanimidad de 472 votos a favor. Aunque se presentaron un total de 135 reservas al dictamen, en voz de 38 oradores, ninguno de los señalamientos de los partidos opositores fue aceptado a discusión, mientras que los de Morena y sus aliados las retiraron.
En encuentro con los medios informativos, previo a la sesión, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, saludó que la iniciativa “recupera la rectoría del Estado en materia de transporte ferroviario y privilegia el transporte de pasajeros”, luego de que en los años 90 los gobiernos “neoliberales” privatizaran las vías férreas y éstas se usaran únicamente para carga de mercancías.
“Lo que esta minuta contiene es recuperar la capacidad jurídica del Estado para prestar el servicio público del tren de pasajeros, y también el Estado podría conceder o concesionar a los que tienen actualmente la concesión en transporte para que también presten el servicio de tren de pasajeros”, explicó.
Al subir a tribuna para argumentar en favor de la reforma, Jorge Armando Ortiz (PT) recordó que los ferrocarriles nacionales “fueron privatizados por Ernesto Zedillo, quien inició este proceso, y por Vicente Fox, quien lo culminó. Presidentes prianistas, vende patrias, que entregaron este patrimonio de la nación a empresas extranjeras, y que, ya como ex presidentes, su timbre de orgullo fue ser empleados de esas trasnacionales”.
De igual manera, los diputados en favor de la iniciativa destacaron que, al impulsarse el tren como medio de transporte de pasajeros, se podrá desahogar el tránsito en las carreteras y los aviones; se propiciará el desarrollo regional de los pueblos y comunidades por donde pase el ferrocarril, y se contará con una opción de movilidad sustentable y menos contaminante.
Por el lado de la oposición, aunque se adelantó que su voto sería en pro de la reforma, también se exigió que los nuevos proyectos de vías férreas se lleven a cabo con transparencia y cuidado al medio ambiente, además de garantizar la seguridad de los pasajeros frente al crimen organizado.
Acompañado de otros legisladores de su bancada que sostenían fotos de áreas de selva taladas para la construcción del Tren Maya, el panista José Manuel Hinojosa denunció que ese proyecto generó un “ecocidio” en las regiones donde pasó, además de “contratos de obras al amparo de la corrupción y el nepotismo”.
El blanquiazul no está en contra de los trenes de pasajeros, aclaró, pero “nos preocupa en demasía que hablen ahora de siete nuevas rutas de trenes de pasajeros, porque si algo hemos aprendido en los últimos seis años, es que cada propuesta de la 4T viene con trampa, corrupción, opacidad, y seguramente se quedará inconclusa o inservible, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas”.
Hinojosa recalcó que el PAN votaría en favor de la iniciativa, pero anunció que presentarían reservas –ninguna de las cuales fue aceptada—para que se garantizara la operatividad y seguridad de los trenes de pasajeros, así como su viabilidad presupuestaria, y se escuchara la opinión de especialistas en temas medioambientales.
El coordinador de la bancada priísta, Rubén Moreira, cuestionó “de dónde va a salir el presupuesto para todo esto que se dijo que se va a hacer”, y alertó que, si se lleva adelante este proyecto ferroviario, el endeudamiento del país podría llegar incluso a 2 billones de pesos.
Por lo anterior, presentó una reserva para que los empresarios que actualmente tienen concesiones de servicio de trenes de carga estén obligados a prestar el servicio de transporte de pasajeros, “dando prioridad a las poblaciones que habitan en comunidades aisladas y no cuenten con otro medio de transporte público”. La propuesta, sin embargo, fue desechada.
De su lado, Sergio Gil y Hugo Luna (MC) subrayaron que votar en favor de la reforma no implicaba entregar un “cheque en blanco” al gobierno federal, por lo que exigieron que los trenes de pasajeros consideren la inversión de la iniciativa privada, mediante concesiones a particulares, y que no se vuelvan “proyectos faraónicos, lleno de frivolidad, ecocidio y opacidad”.
Tras ser aprobada en San Lázaro, la reforma fue enviada al Senado para ser ratificada.
