Durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el tráfico ilegal de migrantes habría operado con total impunidad en la entidad, gracias a una red delictiva vinculada con el grupo criminal Los Panteras, según documentos de inteligencia militar contenidos en los Guacamaya Leaks, de acuerdo con lo publicado en el medio Excélsior.
El Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste reportó, en diciembre de 2021, que el paso de migrantes por territorio tabasqueño se convirtió en una fuente clave de financiamiento para Los Panteras. Estos utilizaban un inmueble en el municipio de Cárdenas, conocido como La Casa Azul, como centro de acopio de migrantes, donde cada día arribaban entre 80 y 100 personas indocumentadas.
De acuerdo con los reportes militares, los migrantes eran luego trasladados en lanchas hacia Tonalá, en el estado de Veracruz. El centro era administrado por una mujer identificada como Érika Guadalupe, quien respondía a Lorenzo Hernández Osorio, alias Vico, subordinado de Felipe Mollinedo Montiel, alias Águila, líder actual de la organización.
El reporte también vincula directamente a Hernán Bermúdez Requena, conocido como Comandante H, con la estructura criminal. Durante su mandato, iniciado en diciembre de 2019, habría autorizado operaciones delictivas de Benjamín Mollinedo Montiel, alias Pantera, quien controló los municipios de Huimanguillo y Cárdenas hasta su captura en 2021. Tras su detención, el liderazgo pasó a su hermano Felipe.
En la radiografía criminal elaborada por el Cerfi, también aparecen nombres como Euler Ruvalcaba Colorado, alias Comandante Rayo, presunto jefe regional desde prisión, y Lucero Naranjo García, alias La Patrona, antigua líder de Los Zetas en la región. La estructura incluye además a operadores locales identificados con apodos como El Toro, La Niña, Ruso y otros que controlaban zonas clave en Tabasco.
La red delictiva presuntamente operaba con el apoyo de al menos diez elementos de corporaciones oficiales, entre ellos agentes de la Fiscalía General de la República, Tránsito estatal, Guardia Nacional, Sedena, Marina y hasta personal de Pemex, según el reporte contenido en correos electrónicos filtrados de la Sedena.
En una reunión de seguridad entre mandos del Cerfi y la 30 Zona Militar, se planteó la necesidad de desplegar personal para localizar La Casa Azul y proceder legalmente con una orden técnica de investigación que permitiera su aseguramiento.
Al ser cuestionado por los vínculos de Bermúdez Requena, el actual gobernador de Tabasco, Javier May, afirmó que el exfuncionario deberá rendir cuentas ante la justicia. “Cada quien es responsable de sus actos. Nosotros esperamos que se aplique la ley. Hay cero impunidad en Tabasco”, declaró.
Por su parte, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, subrayó que corresponde a la FGR determinar si el exgobernador Adán Augusto López Hernández tenía conocimiento de las presuntas actividades criminales que ocurrieron bajo su administración. “Es la Fiscalía la que debe investigar”, puntualizó.
