Hace cinco años, Nayeli salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en Morelos, con la ilusión de recuperar su vida, pero ha sucedido todo lo contrario por la falta de una red de apoyo, con programas federales de reinserción social. La ansiedad y depresión que ya padecía desde su privación de la libertad, aseguró, aún continúan, lo cual la ha llevado a intentar quitarse la vida. No ha podido retomar los lazos con su familia y en algún momento vivió en condición de calle.
“Desde que salí me la he tenido que arreglar yo sola”, expresó en entrevista.
Ella es parte de Artículo 20, organización que desde hace dos semanas mantiene un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación en demanda de programas de reinserción social para mujeres, que incluya asesoría jurídica, espacios de alojamiento temporal, capacitación y vinculación laboral, atención médica y sicológica, entre otras.
Viridiana Molina, fundadora de la citada organización, destacó que en el Cefereso 16 –el único penal federal para mujeres– no se prepara a las internas para enfrentar la vida afuera, e incluso prevenir la reincidencia. En dicho centro, dijo, han muerto 33 internas desde 2016, esto muestra “deficiencias” como la ausencia de atención a la salud mental y médica.
Otro suicidio
El lunes, refirió, hubo otro suicidio, al que se suma el de julio pasado. “Son muertes de mujeres bajo custodia del Estado; 26 han sido suicidios y las demás por negligencia médica; es decir, estaban enfermas, tenían cáncer, por ejemplo, y no les daban los medicamentos correspondientes”.
Indicó que han solicitado, sin éxito, reuniones con el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Rodríguez García, para hablar sobre los fallecimientos y de la necesidad de acciones para la reinserción social. Por ello, se mantienen frente a Gobernación, donde ya sostuvieron una reunión el pasado 16 de octubre, pero “a la fecha no hemos tenido respuesta”.
Desde hace 10 años, enfatizó, el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que las autoridades deben establecer centros de atención y formar redes de apoyo pospenal, a fin de prestar a los liberados, externados y a sus familiares el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia.
Molina expuso que hay gobiernos como el de la Ciudad de México que cuentan con programas de este tipo; no obstante, al ser mujeres liberadas de un penal federal, no son aceptadas.
Paula Tercero, quien hace cuatro años salió del Cefereso 16, contó que ha llamado a las líneas habilita-das por el Órgano Administrativo con el fin de buscar apoyo; sin embargo, “no contestan, nos dejan en espera por horas y luego se corta”.
En la cárcel, subrayó, “hay personas culpables, aunque también muchas injustamente presas, y ambas necesitan red de apoyo”.
Por su parte, María del Rocío, madre de Adriana Navarro, quien lleva siete años interna, pidió agilizar las preliberaciones, pues su hija ya cumplió 50 por ciento de su condena y es candidata a este recurso.
