Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos se pronunciaron en contra de las reformas que normalicen la presencia del Ejército en las calles.
Advierten que, aunque es importa tener un marco jurídico para evitar condiciones de vulnerabilidad del Ejército, las reformas no deben permitir que asuman tareas de seguridad pública, que van desde patrullajes y detenciones, hasta la investigación de delitos.
