Llegó marzo y las clases en Argentina están suspendidas. Los gremios docentes y el Ministerio de Educación repitieron la historia de hace un año (y de otros tantos), con una discusión salarial que impidió el inicio de clases en 17 de las 23 provincias, además de la ciudad de Buenos Aires, y dejó a cinco millones de niños y adolescentes en sus casas en el inicio del ciclo lectivo. La huelga del lunes y el martes tensó una relación que nunca fue buena y que supedita el debate sobre la calidad educativa sólo a la época del año en la que se discuten salarios.
Para los gremios el acatamiento fue del 80%; para el Gobierno de apenas 47%. Lo cierto es apenas iniciada las clases, el escenario se transforma, por un lado, en una populosa movilización que aglutina a todos los sindicatos y, por el otro, en numerosas reuniones y un mensaje oficial común: la huelga “es política”.
“Ya sabíamos que (el gremio) CTERA iba a hacer un paro, nos lo avisaron en enero y nos dijeron ‘que iba a ser por lo que oferten o por la paritaria nacional’, dijo la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. “Lo que no puede pasar es que los chicos sean los rehenes de esta discusión de adultos. No podemos permitir que pensemos y que naturalicemos como sociedad que el derecho a la protesta está por encima del derecho a la educación, y esto es así con los paros y con las tomas”, agregó.
Un docente de escuela pública que tiene un cargo en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, gana un salario básico de 14.200 pesos (695 dólares). Según el INDEC, la oficina oficial de estadísticas, un hogar con dos adultos y dos niños necesitó en enero pasado 16.970 pesos para superar el umbral de pobreza. Es común que los docentes se vean obligados a sumar dos cargos y trabajen hasta 12 horas diarias, si se le agregan las tareas de tareas de planificación y corrección.
En este contexto, los docentes intentan cada año recuperar al menos lo perdido por la inflación. El año pasado, Argentina registró una subida de precios de casi 25%. “La última oferta que nos hicieron es del 12% para todo el año, a pagar en dos cuotas para marzo y agosto; es justo la mitad de lo que pedimos”, afirmó a EL PAÍS el dirigente gremial Eduardo López, de UTE-CTERA. “No nos ponemos de acuerdo porque hay un proyecto nacional de bajar salarios. Todo el mundo sabe que la inflación este año va a ser del 25%, a pesar de que las consultoras estén pronosticando un 20%, pero si te ofertan el 12%, en verdad te bajan el 13%, y esa es una forma encubierta de bajar tu poder adquisitivo». El equipo económico del Gobierno, en tanto, fijó una meta de inflación de 15%.
Consultado acerca de la discusión sobre la calidad educativa, López opinó: “Nosotros con el gobierno de la Ciudad discutimos todo el año sobre educación y lo que sucede en Provincia lo puso blanco sobre negro (el secretario general del gremio Suteba) Roberto Baradel, cuando dice que no los convocan. No te invitan y, en general, cuando vamos no te dejan entrar. Pero sí discutimos educación con los docentes, familias y académicos”.
El discurso de la ministra Acuña en Buenos Aires va en sintonía con lo expresado por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. El ministro dijo que enfrentan “un paro político” y anunció que todos los distritos descontarán los días a los docentes que se adhirieron. Dijo además que «no es bueno que ni un solo chico no tenga clases». «Es un problema. Así como entendemos que es obsceno que los gremios festejen que los chicos hayan perdido el derecho a educarse”, disparó. Este miércoles vuelven a reunirse gremios y autoridades para hallar una salida a un conflicto que todos los años repite el curso.
Fuente: El País
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