El Departamento de Justicia, el cual encabeza el fiscal general Jeff Sessions, notificó a los jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral en función del número de casos migratorios que cierran al año.
La intención del gobierno estadunidense es acelerar el número de deportaciones y reducir los largos atrasos que el sistema acumula.
Según informó The Wall Street Journal, el nuevo sistema, que fue comunicado internamente el viernes 30 de marzo, establece revisiones anuales a los jueces migratorios y para que obtengan una buena calificación, deberán haber cerrado al menos 700 casos al año.
Cabe señalar que dicha política ha estado en proceso durante meses, ya que Sessions y la administración de Donald Trump han estado trabajando para ejercer más influencia sobre los tribunales de inmigración.
La legislación estadunidense otorga al fiscal general un poder amplio y sustancial para supervisar y anular estos tribunales, a diferencia del sistema de justicia civil y criminal de Estados Unidos, que es una rama independiente del gobierno.
En los tribunales de inmigración, los jueces son empleados del Departamento de Justicia.
Para el Departamento de Justicia, la medida está diseñada para hacer que el sistema sea más eficiente, ya que los tribunales de inmigración tienen una acumulación de cientos de miles de casos, y puede tomar años para que el caso de un inmigrante llegue a su fin.
En ese momento, las personas construyen sus vidas en EU, y los críticos señalan que el retraso de los tribunales de inmigración es un factor importante en la cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
Estas medidas de desempeño, que fueron acordadas por el sindicato de jueces de inmigración que ahora las condena, están diseñadas para aumentar la productividad y la eficiencia en el sistema sin comprometer el debido proceso», explicó a CNN un funcionario del Departamento de Justicia sobre el memorándum.
Agregó que cualquier juez que no cumpla con los objetivos de desempeño podría presentar circunstancias atenuantes al Departamento de Justicia.
Los defensores y el sindicato de jueces de inmigración se han opuesto a los cambios, argumentando que establecer límites numéricos en la cantidad de tiempo que los jueces pueden gastar en cada caso y la cantidad de casos que deben cerrar en un año podría poner en peligro el debido proceso.
Fuente: Excelsior
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