La propuesta de fijar precios a productos como las gasolinas implicaría serios desequilibrios para el mercado, lo que terminaría afectando a los más pobres, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo de análisis privado explicó que cuando el Estado decide intervenir para fijar precios, que generalmente es por debajo del precio de mercado, la oferta de ese bien se ve afectada debido a que el incentivo para producirlo se reduce.
Los dueños del capital preferirán invertir sus recursos en otro sector o actividad en la que los precios no respondan a factores artificiales, sino a la evolución de las fuerzas de la oferta y la demanda.
En este entorno, “la disminución de la oferta, acompañada de un aumento en la demanda, se convertirá en un entorno de escasez, el cual no se podrá corregir debido a que precisamente la intervención del Estado limita la dinámica natural del mercado”.
Para el caso de aplicación de subsidios, una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un plan de compensación bien estructurado. Finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones del mercado.
Recordó que del 2007 al 2014 los subsidios a la gasolina y al diesel tuvieron un costo para el gobierno de 871 mil millones de pesos, que benefició a quienes menos lo necesitaban.
Con la liberación de los precios de los combustibles, las gasolinas alcanzaron un alza 26% en la de bajo octanaje y de 30.7% en la de alto octanaje, durante febrero de 2017.
Otra caso fue el decreto que determinaba el control de precios del gas LP, que llevó a alejarlo cada vez más del costo real, generando la necesidad de cubrir esta diferencia con gasto público, proveniente de impuestos de los contribuyentes.
Esto propició que el gasto destinado a este beneficio significara menores recursos para inversión productiva y combate a la pobreza.
Fuente: Dinero / Excelsior
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